Un observatorio ayudará a las empresas catalanas interesadas en instalarse en Aragón

Gobierno, economistas y agentes sociales darán una respuesta conjunta a las solicitudes y analizarán las posibles afecciones

La consejera de Economía, Marta Gastón, tras la reunión con los agentes sociales
La consejera de Economía, Marta Gastón, tras la reunión con los agentes sociales
Oliver Duch

El Gobierno de Aragón, CC. OO., UGT, CEOE, Cepyme y el Colegio de Economistas de Aragón darán una respuesta conjunta a las solicitudes de empresas catalanas que quieran trasladar su sede social y fiscal a la Comunidad.

Así lo han acordado tras un encuentro de más de dos horas en el que unos y otros se han comprometido a reunirse periódicamente para analizar las afecciones que tiene y tendrá la deriva independentista en el crecimiento del Producto Interior Bruto de Aragón.

Esto se traducirá en la creación de un Observatorio de Coyuntura que entrará en funcionamiento en próximas fechas, ya que las partes volverán a verse el lunes para concretar todos los aspectos. "No queremos ir a buscar empresas, no es nuestra ambición. La intención es ofrecer un servicio conjunto a aquellas que necesiten información y cobijo", ha explicado la consejera de Economía, Marta Gastón, en nombre de todos los colectivos reunidos.

El observatorio también dará respuesta a las posibles dudas que puedan tener los empresarios aragoneses, ya que la Comunidad, que comparte con Cataluña una relación económica de más de 15.000 millones de euros al año, será "una de las principales afectadas" por la crisis independentista. Por este motivo, Gastón ha instado al Gobierno central a ser "solidario" con Aragón para paliar posibles caídas de PIB autonómico.

La titular de Economía ha asegurado que ya hay empresas aragonesas que están comenzando a sentir los efectos negativos de la deriva independentista. "No se puede generalizar, pero ya hemos visto, por ejemplo, cómo el Gobierno de España ha rebajado las previsiones de crecimiento", ha añadido. Lo peor, en su opinión, es que el empresariado tenga que moverse en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica, de ahí que el Ejecutivo aragonés quiera dar una respuesta "ágil" a las necesidades del empresariado catalán.

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