Los ocho antifascistas que protestaron contra un concierto neonazi no irán a prisión

Satisfacción para todas las partes con sabor agridulce. Este es el sentimiento con el que los ocho jóvenes antifascistas de Zaragoza acusados de desórdenes públicos, lesiones a siete policías, atentado y daños durante la protesta contra un concierto neonazi en 2015 han salido de la Ciudad de la Justicia.

Siete de ellos (uno está preso por otra causa) abandonaban a media mañana las dependencias judiciales  tras haber llegado a un acuerdo con las acusaciones, que supone reconocer los hechos e indemnizar a los perjudicados. A cambio, han visto cómo la pena de 8 años de cárcel que pedían para cada uno de ellos era rebajada sustancialmente hasta quedar en un año, nueve meses y dos días de prisión y multas de 2.538 euros para cuatro de ellos, y de tres meses y un día de prisión día y multas de 546 euros para otros cuatro.

Sus abogados, amigos y familiares han explicado que ha sido una “buena solución” ante el “riesgo descomunal” que corrían por la “desmesurada” pena que solicitaban para ellos tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares, ejercidas en nombre de los policías nacionales lesionados.

El acuerdo se ha traducido inmediatamente en una sentencia dictada in voce por la titular del Juzgado de lo Penal número 7, que deja en suspenso el cumplimiento de las penas, condicionado a que no vuelvan a cometer ningún delito durante dos años en el caso de seis de los jóvenes y de un periodo más amplio en el caso de otros dos que tienen antecedentes por otros hechos.

Además de la pena de prisión, los jóvenes deberán indemnizar con unos 12.000 euros a los siete agentes lesionados, con 1.902 euros al Ayuntamiento de Zaragoza por daños causados en el mobiliario urbano; con 382 euros a la Dirección General de la Policía y con distintas cantidades a dos ciudadanos que sufrieron desperfectos en un vehículo y una tienda, así como un tercero que resultó lesionado.

Se pone fin así a dos años de proceso judicial que se inició en febrero de 2015, cuando la Policía detuvo a diez jóvenes antifascistas que, junto a otros, acudieron a la calle de Compromiso de Caspe para protestar por el concierto de corte neonazi que se había organizado en un edificio ocupado ilegalmente por miembros de la formación ultraderechista MSR (Movimiento Social Republicano). El evento había sido denunciado públicamente por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza o por Izquierda Unida, entre otros colectivos. Su objetivo era que las administraciones, tanto la Delegación del Gobierno en Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza, impidieran su celebración por las consignas anticonstitucionales que predican y por la alta probabilidad de disturbios. Pero, a pesar de que no tenían autorización, el concierto de RAC -Rock contra el Comunismo por sus siglas en inglés-, se llevó a cabo.

La protesta derivó en un enfrentamiento con los neonazis y varias cargas policiales que se saldó con la detención de trece personas y el procesamiento de diez -entre ellos dos menores-, ninguno de ellos miembro del grupo fascista que protagonizó el evento.

A raíz de estros hechos se formó una plataforma ciudadana ‘Absolución para los 10 de Zaragoza’, que se ha ocupado durante este tiempo de solicitar la exoneración de los jóvenes. Roberto Seral, miembro de la misma, ha asegurado al término del juicio: “Nos vamos con un sabor agridulce. Las penas eran elevadísimas y se ha aceptado el acuerdo como mal menor, a pesar de que los propios chavales siguen defendiendo su inocencia. No obstante, hemos conseguido el objetivo de que no entren en prisión”.

Roberto Seral ha añadido que lamenta que siga habiendo esta actitud hacia los actos fascistas. “Queremos que se cambie esa actitud hacia las convocatorias fascistas y xenófobas para no volver a encontrarnos en esta situación. También pedimos a la Fiscalía que cambie su postura de pedir tantos años de prisión forzando a cualquier ciudadano a tener que aceptar un acuerdo por miedo a entrar en la cárcel". A pesar de ello, los letrados de los acusados -Ramón Campos, Valentín Romero, Ana Sebastian, Altamira Guelbenzu y José Luis Carrera- estaban contentos con la solución alcanzada, que no llevará a prisión a ninguno de sus clientes.

Por su parte, los abogados de los policías lesionados, Pilar Sangorrín y Fernando Burgués, también se mostraron satisfechos porque han visto cómo los acusados reconocían los hechos e indemnizaban a sus clientes.