Enrique Irazabal Serrano, de 71 años, el falso empresario que iba a invertir 50 millones en Gallur,  ha sido condenado a seis años y diez meses de prisión como autor de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Por este último hecho delictivo deberá abonar, además de la pena de cárcel, una multa de 2.095.700 euros o, en caso de impago, añadir un año más de prisión a su condena.

La Audiencia Provincial de Zaragoza impone también penas de 4 años y diez meses de cárcel y multas que superan el millón de euros a Elsa Andrés Alzola, de 38 años, experta informática y su ‘mano derecha’. Mientras, Jesús Fernández Fernández, de 61 años, ha sido condenado a 4 años y 9 meses de prisión; Antonio Yoldi Gómez, de 49, a dos años y Elisabeth Mamontoff Carré, de 69, a 18 meses, La sala absuelve libremente a Antonio Yoldi Santos (padre del uno de los acusados) y a José Miguel Crespo.

Los condenados deberán hacer frente al pago de los 4 millones de euros (más intereses) que entre todos estafaron a 36 víctimas (personas físicas y jurídicas) que confiaron en su proyecto para crear una planta industrial en Gallur. No obstante, el tribunal de la Sección Tercera hace responsable civil subsidiaria de esta cantidad a Barclays Bank (ahora absorbido por Caixa Bank), pues entiende que su respaldo a Enrique Irazabal fue fundamental para que pudiera perpetrar su estafa.

Enrique Irazabal, como cerebro de la trama criminal y líder del grupo, presentó en 2011 su proyecto en la localidad zaragozana y también en otros ayuntamientos de España, como Guadix (Granada), Vigo, Valladolid y Burgos. Pero ha sido el engaño de Gallur el que le ha costado la libertad, pues fueron las víctimas zaragozanas, representadas por el abogado Pedro Carranza, las que se atrevieron a poner las primeras denuncias contra él. El pleito no ha sido fácil, puesto que Irazabal, que durante toda su vida ha simulado ser un gran empresario, acostumbraba a amenazar con querellas por injurias a todo aquel que cuestionara su proyecto. Pero, tras cuatro años de diligencias judiciales, el caso ha obtenido una sentencia favorable a los perjudicados.

La Audiencia a petición del letrado Enrique Trebolle, defensor de Irazabal, Andrés y Fernández, ha aceptado aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, pues el caso se atascó en el Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, el cual tardó 19 meses en inhibirse en favor del de Zaragoza y varias veces tardó doce meses para contestar escritos que se le presentaban. También ha recogido la atenuante de colaboración, ya que tres de los acusados admitieron los hechos el primer día del juicio, aunque no la pena de más de 40 años de cárcel que les pedía el fiscal.

Como recoge la Audiencia, los cinco condenados conformaban un grupo con el fin de enriquecerse mediante engaños. Para ello, simularon la existencia de un negocio boyante, a través de la sociedad Scinet Corporation LTD, que reunía unas características que lo hacían especialmente atractivo para los inversores, ya que a la obtención de suculentos beneficios se sumaba una proyección internacional y el carácter humanitario del mismo. El negocio simulado consistía en la construcción o instalación de plantas de ensamblado para la fabricación de contenedores móviles para albergar unidades de utilidad diversa, como potabilizadoras de agua, desaladoras, panaderías, asistencia médica, productoras de botellas de plástico... El destino de los contenedores eran países necesitados y, según hacían creer a los potenciales inversores, tenían «miles» de pedidos en todo el mundo y el negocio reportaba múltiples beneficios.

El acusado creó numerosas sociedades pantalla con testaferros y diseñó una puesta en escena, con apariencia de solvencia y prestigio para convencer a sus víctimas. La acusada Elsa Andrés era la encargada de difundir en internet una profusa información mendaz sobre sus empresas fantasma y simular un enorme volumen de negocio en plantas industriales supuestamente montadas en 70 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, Singapur, México, Holanda, Brasil o Guatemala. Además de documentos oficiales que luego usaban de forma torticera (entre ellos del Banco de España o del Gobierno de Aragón), abrió distintas cuentas corrientes en Barclays Bank, que utilizaba para trasvasar de una sociedad a otra el dinero que obtenía de sus víctimas, sin necesidad de justificar sus movimientos y para dificultar la localización del dinero.

Así, en Gallur, donde prometió crear 350 empleos e invertir 47 millones, consiguió que el Ayuntamiento le firmara una reserva de 317.000 metros cuadrados de suelo público. Para la Audiencia, la estafa no hubiera sido posible sin la colaboración de dos directores de sucursales de Barclays en Madrid, Juan Carlos Z. y Jaime R. Q. (los cuales no fueron acusados y fueron como simples testigos) y sin la falta de control de la entidad. Los magistrados resaltan que el certificado de solvencia que expidió el banco en favor de Scinet Corporation y Enrique Irazabal «forma parte esencial» de la trama para defraudar urdida por los acusados.

«Los testigos, prácticamente por unanimidad y sin paliativos, afirman que el hecho de respaldar a Scinet (...) fue un elemento esencial y decisorio de la disposición patrimonial en favor de aquella», recoge el fallo. A pesar de que un ingeniero de una gran constructora (que el acusado eligió para levantar la planta de Gallur) les advirtió de queScinet no tenía movimientos de compras ni de ventas, los directivos de Barclays siguieron diciendo a los clientes que les pedían informe sobre Irazabal que les había «tocado la lotería» por haber entrado en su proyecto.