El Juzgado de Instrucción número 10 de la capital aragonesa tiene abierta una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de Roberto A. S., de 42 años, ocurrida el pasado 21 de agosto en un calabozo de la comisaría de la Policía Nacional del Actur. Según pudo saber este periódico, el deceso se produjo por causas naturales, pero no fue detectado hasta varias horas después de registrarse, por lo que se ha iniciado una investigación. La Jefatura Superior de Policía de Aragón no quiso ayer confirmar ni desmentir este suceso.

Roberto A. S., antiguo politoxicómano y con numerosos antecedentes penales relacionados en su mayoría con robos, había sido arrestado una vez más por un delito común y trasladado a la comisaría del Actur, donde se encuentra la inspección central de guardia, a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Durante la tarde del domingo, solicitó ser trasladado al hospital para que le dieran medicación para dormir, cosa que los agentes hicieron. Tras regresar a los calabozos y meterlo en una celda con otras dos personas, le dieron la cena. El hombre comió algo pero no se la llegó a terminar. Después, se durmió y ya no volvió a despertarse. Los policías descubrieron que estaba muerto en la hora del desayuno. El cuerpo no presentaba signos de violencia y sus compañeros de celda tampoco se enteraron de su fallecimiento. El levantamiento del cadáver se produjo sobre las 9.30.

Un deceso similar

El caso guarda muchas similitudes con el de Miguel Ángel Fernández Fernández, de 33 años, muerto el 6 de abril de 2016 en los mismos calabozos del Actur. El forense también determinó que su fallecimiento se produjo de manera natural, por una patología cardiaca. Lo llamativo fue que el deceso se produjo entre las 5.00 y las 8.00 de ese día pero los agentes no se percataron hasta las 14.30, cuando le llevaron la comida.

La familia, a través del abogado Marco Antonio Navarro, y la Asociación de Abogados Libres de Zaragoza (ALAZ) se personaron en la causa abierta para aclarar las circunstancias de la muerte, ya que el finado presentaba un hematoma en la frente, que los policías atribuían a autolesiones causadas al golpearse la cabeza contra una puerta. En el caso de Miguel Ángel Fernández, con 47 detenciones a sus espaldas por delitos contra la propiedad, había sido llevado al hospital hasta en seis ocasiones porque estaba muy alterado y quería que le suministraran sustitutivos de opiáceos.

Durante la investigación, los agentes declararon que una vez que se durmió tras haber cenado, prefirieron dejarlo tranquilo y no despertarle cuando a las 8.00 entregaron las bandejas del desayuno. Los forenses descartaron una intervención violenta en el deceso y el pasado mayo el juzgado archivó definitivamente la causa al no encontrar ningún indicio de delito en su muerte. No obstante, la madre de Fernández ha presentado una reclamación patrimonial de 140.000 euros ante la Dirección General de la Policía por supuesto "funcionamiento anormal de la administración", al no percatarse del fallecimiento de su hijo lo que, a su juicio, les impidió socorrerle.