El gobierno de Zaragoza en Común sigue intentando iniciar la ampliación del servicio Bizi este mismo año, a pesar de las pegas que puso el Consejo Consultivo de Aragón a su primer intento. A finales del mes pasado, el Ayuntamiento mandó a este organismo –equivalente en la Comunidad al Consejo de Estado– una nueva propuesta, que mantiene el volumen de la ampliación en cuanto a las instalaciones (120 estaciones y 1.200 bicicletas más), aunque trata de esquivar los reparos que recibió el anterior plan.

El montante económico de la operación sí que es menor, ya que una de las novedades es que no se amplía a Clear Channel el contrato que mantiene con el Ayuntamiento para gestionar el servicio. Si el primer plan suponía un coste para la ciudad de unos 18 millones en diez años, este segundo costará 10,2 millones en poco más de cuatro años.

Según recoge el documento que aprobó el gobierno, el contrato se ampliaría con 1.200 nuevas bicicletas y 120 estaciones de 21 anclajes cada una. Teniendo en cuenta que actualmente la red cuenta con 130 estaciones, estos cambios supondrían casi duplicar el servicio. Se haría en tres fases, en cada una de las cuales se instalarían 40 nuevas estaciones. La primera, para diciembre de este año, requerirían el pago de 1.246.581 euros; la segunda, un año más tarde, de 1.222.885 euros; y la tercera, para diciembre de 2019, de 1.247.105 euros, IVA no incluido.

Además, el Ayuntamiento tendría que abonar directamente a la empresa unos pagos anuales, como consecuencia de los medios materiales y personales que tiene que implantar para poder asumir la ampliación. Una vez descontados los ingresos directos de Clear Channel, el Consistorio tendrá que pagar 280.336 euros más tras la primera fase de ampliación (2018), 771.465 tras la segunda (2019), 1.139.333 euros tras la tercera (2020) y un pago anual hasta que expire el contrato, el 8 de abril de 2023: 1.131.599 euros en 2021, 1.093.802 en 2022 y 288.871 en 2023. Sumando el IVA a todas estas cantidades, la cuantía total de la ampliación y el servicio hasta 2023 es de casi 10,2 millones de euros para las arcas municipales.

Desde el equipo de gobierno resaltan que el coste estimado de cada bicicleta, de unos 1.400 euros al año, resulta inferior al de otras ciudades como Barcelona (cerca de 1.900 euros) o Valencia (más de 2.000). El PP, en su día, acusó al gobierno de "despilfarro" y dijo que "nos saldría más barato comprar bicicletas y regalárselas a los usuarios".

Los cambios en el contrato con Clear Channel incluirían también una ampliación del horario de funcionamiento. Así, el Bizi funcionaría todos los días hasta las 2.00 y a partir de las 5.00. Por último, se cambiaría el número de atención telefónica por un 976 para reducir los costes a los usuarios que tienen que llamar.

Lo que aún es una incógnita es por dónde se prolongaría el Bizi. Sí se sabe que se hará siguiendo el modelo ‘mancha de aceite’, es decir, extendiendo la red en las inmediaciones de los límites a los que llegan ahora las estaciones. Así, lo lógico es que se coloquen en las zonas sin Bizi de barrios como La Jota, Las Fuentes, San José, Torrero-La Paz, Casablanca, Valdespartera o Valdefierro.

El nuevo contrato que ha preparado el gobierno se reserva la posibilidad de que la ampliación sea aún mayor. Cuando todas las fases estén completadas, el Ayuntamiento podría pedir la instalación de hasta un 10% de estaciones más sobre el total "en el supuesto de existir la necesidad justificada de densificar con más estaciones alguna de las zonas", para los casos en los que haya estaciones vacías o llenas "de forma reiterativa y continuada".

Modificación del 29%

La anterior modificación del contrato, que tumbó el Consejo Consultivo, suponía un incremento del 25% con respecto al contrato original que se firmó en 2008 con Clear Channel. Esto, unido a las ampliaciones de la red que se ejecutaron en 2011 y 2012, implicaban cambios por valor de 24,3 millones, un 40,33%. Ahora, el nuevo intento del gobierno supondría una modificación contractual total del 29,42%. Para ser una realidad, deberá recibir el visto bueno del Consejo Consultivo y del interventor municipal.