ZEC recurrirá las sentencias desfavorables por el pago de plusvalías
La formación que gobierna en el Ayuntamiento de Zaragoza acudirá al TSJA para recurrir las dos últimas sentencias por el impuesto de plusvalías, desfavorables para el consistorio.
El Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) las sentencias desfavorables por el impuesto de plusvalías hasta que "haya una posición clara" por parte del Gobierno central, dado que, salvo en el caso del País Vasco, ninguna Comunidad tiene las competencias.
Así lo ha anunciado a los medios el consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, con respecto a las dos últimas sentencias desfavorables para los intereses municipales por el pago de dicho impuesto.
En total, Rivarés ha reconocido que el número de autos que dan la razón a los demandantes se elevan a 11, pero también ha habido 27 sentencias favorables al consistorio.
Según ha señalado Rivarés, que en las dos últimas sentencias los tribunales se basan en las escrituras y en que el precio de la venta de la vivienda ha sido inferior al de la compra, mientras que en sus fallos, el TSJA se basa en el valor del precio del suelo.
El problema es, ha precisado el consejero, que el Gobierno de España "no ha dicho en qué tenemos que fundamentarnos los ayuntamientos".
Por eso, mientras que el Gobierno de España toma una decisión tras la sentencia europea del pasado mes de febrero, sobre la que el País Vasco legisló apenas un mes más tarde, los ayuntamientos "lo que podemos hacer es cumplir la ley" pese a que es "injusta", y cobrar el impuesto.
En este sentido, ha recordado la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los Ayuntamientos del Cambio de que el impuesto desaparezca y se incluya "como un factor más dentro del IRPF", a cobrar en función del incremento del patrimonio y compensando a los ayuntamientos.
Rivarés ha recordado que en 2016 el Consistorio de Zaragoza cobró 56 millones de los 75 que tenía reconocidos como derechos, por lo que ha advertido de que si el Gobierno de España "deja a los ayuntamientos sin el segundo impuesto más importante de los tres que puede cobrar, los cierra".
