Carmen Alejandre tiene escasa empatía, bajo nivel de frustración, frialdad afectiva y una personalidad suspicaz, airada y resentida. También tiene una inteligencia límite y un déficit intelectual leve, pero todos estos rasgos no le impiden conocer la ilicitud de sus actos. Así lo expusieron ayer todos los médicos forenses y psiquiatras que comparecieron ante el jurado para explicar el estado mental de la acusada de quemar la residencia de Santa Fe. Los profesionales coincidieron en señalar que, a pesar de todos los rasgos mencionados anteriormente, la mujer distingue el bien del mal y sabe perfectamente lo que hace, aunque no es capaz de calcular o valorar las consecuencias de sus actos a largo plazo.

Para los médicos forenses, esta circunstancia supone una merma "parcial" o "leve" de su imputabilidad, lo que obligaría al magistrado-presidente del jurado, José Ruiz Ramo, a atenuar la pena en caso de condena. No obstante, para el psiquiatra que presentó un informe a petición de la abogada defensora, Sara Pradas, la merma es "moderada" o "grave" y, en consecuencia, la disminución de la condena debe ser mayor.

Cuando los forenses del Instituto de Medicina Legal Salvador Baena y Paulino Querol la examinaron 16 días después de ser detenida como presunta autora del incendio, en el que murieron nueve personas y otras nueve resultaron lesionadas, apreciaron que la acusada estaba "orientada", "consciente" y "colaboradora". Les llamó la atención que cuando le pidieron que dibujara un mapa con la situación de los residentes en el momento del incendio, lo hizo poniendo no solo las habitaciones sino los nombres y apellidos de todos ellos.

Conexión plena con la realidad

Esta circunstancia resultó muy reveladora para los médicos, pues demostró que Carmen Alejandre tenía un recuerdo claro de la noche de los hechos y una conexión plena con la realidad. También les sirvió para descartar que padeciera demencia, como se le diagnosticó "erróneamente" dos años antes y que derivó en su incapacitación judicial para regir sus bienes.

Para los forenses, el coeficiente intelectual límite de la acusada (69-70) no le impidió desarrollar una vida familiar (ha tenido dos hijos) y laboral (trabajó 30 años limpiando una farmacia) normales. De niña fue a un colegio especial y sus padres y luego su marido siempre estuvieron pendientes de ella. El ictus sufrido por su esposo y los cuidados que luego tuvo que dedicarle le superaron y comenzó a tomar benzodiazepinas y a beber, estado en que terminó acuchillándolo en 2013 y entrando en la cárcel. Esa mezcla de ansiolíticos y alcohol hizo que le diagnosticaran erróneamente un síndrome Wernicke-Korsakoff y que fuera incapacitada y que su hijo se hiciera su tutor. Sin embargo, los psiquiatras y neurólogos dijeron ayer que en absoluto reúne "criterios de demencia".

Por esa razón, Carmen Alejandre sabía lo que quería y lo que no, y lo que detestaba era seguir en la residencia Santa Fe, situada cerca de Cuarte, a la que llamaba despectivamente el "chalé". "Tenía 62 años y estaba con personas de 80. Ella decía que los abuelos no le gustaban y quería estar en una zona urbana y lo llevaba muy mal", expuso Salvador Baena.

En estas circunstancias, se produjeron dos "disparadores": su rechazo a la residencia y enterarse de que su hijo y su nuera no querían que fuera madrina de su boda. "Al tener un nivel bajo de frustración, cuando se ve superada actúa automáticamente", señalaron los forenses. Añadieron que su limitación le impide planear una complicada estafa pero no un hecho sencillo, como coger un mechero y quemar una cama.