PP, PSOE y Cs piden impulsar una Operación Baldosa no exclusiva para economía social

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado adelante -con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos, y el rechazo de ZEC y CHA- una moción en la que insta al equipo de gobierno a iniciar en un mes la licitación de la Operación Baldosa, esta vez no exclusiva para empresas de economía social.

La iniciativa ha partido del Grupo Popular, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón tumbara el concurso por entender que restringía de forma indebida la competencia y los principios rectores de la contratación pública, al estar dirigido exclusivamente a empresas de economía social.

En defensa de la moción, el portavoz de Urbanismo del PP, Pedro Navarro ha recordado que el consejero en la materia, Pablo Muñoz, hablaba de "hito en la historia de la democracia", de "experimento revolucionario", de presentar el contrato de mayor cuantía dirigido a la economía social y "se jactaba de quitar un trozo de mercado a las empresas de la construcción".

"Si esto no lo ha hecho ninguna ciudad española, por algo será", ha insistido, y ha criticado que justificara la convocatoria con un informe jurídico de dos folios, que al tribunal le costó "dos horas" tumbar.

En definitiva, lo ha calificado de "chapuza", porque al final la suspensión del contrato ha perjudicado a las propias economías de empresa social y los vecinos se quedarán con las calles "como si estuviéramos en guerra", al paralizarse la Operación Baldosa, que ya llevaba tres años atascada por su complejidad.

Por último, en referencia a la defensa del "urbanismo de las pequeñas cosas" que habitualmente hace Muñoz, ha respondido que "aquí lo único pequeño es el cerebro" de quien impulsó esta convocatoria.

Por su parte, el responsable de Urbanismo y Sostenibilidad, Pablo Muñoz, tras invitar al PSOE a votar en contra si de verdad están dispuestos a buscar una alternativa y a ser "coherentes", cosa que finalmente no ha sucedido, se ha mostrado "absolutamente en desacuerdo" con la decisión del tribunal de contratos.

"Tenemos que dar la batalla hasta el final", ha apostillado, no solo por sacar adelante el contrato, sino por "abrir una puerta" a la economía social, algo que confía en que se pueda hacer mediante una modificación legislativa de carácter autonómico que permita la figura del contrato reservado en las obras.

La socialista Lola Campos ha considerado que vender "el cielo en la tierra" a estas empresas ha sido "uno de los mayores errores de ZEC", a quienes ha dicho que las que acuden en libre concurrencia también apoyan a los trabajadores.

"Trabajen una propuesta que sea legalmente posible", ha exigido al Gobierno.

Por Ciudadanos, Alberto Casañal ha reiterado que ya avisaron "por activa y por pasiva" a Muñoz de las cuestiones legales y, aun así, "se le llenaba la boca", aunque ha lamentado la suspensión del contrato con empresas de economía social porque les gustaba la idea y la apoyaban.

Leticia Crespo (CHA) ha justificado su voto en contra en el compromiso de las formaciones de izquierda con las entidades de economía social y ha asegurado que la tesis mantenida por el tribunal no responde a la necesidad de que existan contratos protegidos para estas empresas, ya que no se trata de competir, sino de "complementar".

Ha recordado que las empresas de economía social también son pymes pero "con un valor añadido" y se ha comprometido a que su partido, como parte del Gobierno de Aragón, va a trabajar en una modificación legislativa.