Humedades, grietas y ratas en los pisos municipales de alquiler social del Actur

"Cuando llueve, entra el agua por la ventana de la cocina porque no cierra. Los marcos de las ventanas están podridos. Me han dicho que los van a cambiar, pero a ver cuándo. Estuve años esperando a que cambiaran una persiana agujereada por el pedrisco. Hay varias paredes de la casa con moho", cuenta Loli Blasco, jubilada de 62 años, vecina de un piso de alquiler social del Ayuntamiento de Zaragoza en la calle Alejandro Casona.

Loli tiene una pensión de 534 euros y paga 129 euros de alquiler. Vive con su hijo, de 33 años, que está en el paro y ha vuelto a estudiar. "Con el alquiler, el agua, la luz y el gas llego muy justa a fin de mes. En invierno solo podemos poner la calefacción un par de días al mes", cuenta esta mujer, que lleva 23 años viviendo en este bloque de pisos sociales del Actur.

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene 1.900 viviendas de alquiler social para familias con pocos recursos, de las que 500 están en el Actur. Son pisos construidos hace unos 25 años que tienen problemas estructurales y de mantenimiento. La Plataforma Solidaria del Actur se reunió la semana pasada con el concejal de Vivienda, Pablo Híjar (que fue miembro activo de esta asociación), para denunciar los desperfectos de estas viviendas y pedir soluciones urgentes.

Los testimonios y las humedades se repiten en los bloques de viviendas sociales de las calles Pedro Saputo y Margarita Xirgú. "Las ventanas no cierran bien. Es un piso muy frío y húmedo. Y no podemos permitirnos encender la calefacción en invierno. Mi hijo pequeño ha pasado ocho bronquitis en un año. En nuestro portal vi ratas hace unos días y mi vecino tiene dentro de casa. Y no nos dan soluciones", denuncia una vecina de Margarita Xirgú.

Varios vecinos señalan que tienen problemas de salud (como bronquitis o asma) que podrían tener relación con las humedades en las viviendas. "Me dijeron que limpie con lejía las paredes de moho y que cambiarán las ventanas cuando haya dinero. No quiero una casa de lujo, quiero una vivienda digna", afirma A., que vive con su familia en uno de estos pisos desde hace 10 años. Las viviendas están mal aisladas y los vecinos que sí encienden la calefacción tienen recibos del gas de 300 euros en invierno.

La Plataforma Solidaria del Actur se reunió con el concejal de Vivienda y representantes de la sociedad Zaragoza Vivienda el pasado 24 de mayo, y entregaron al Ayuntamiento un informe con los casos más graves de una veintena de pisos. "Hay viviendas con problemas graves de humedades y grietas, y las quejas de los vecinos no siempre se atienden convenientemente por la empresa de mantenimiento. La situación se ha deteriorado y pedimos al Ayuntamiento que actúe", afirma este colectivo en un comunicado. La plataforma tenía previsto realizar una concentración de protesta que desconvocó tras la reunión y las promesas de los responsables municipales.

Actuaciones urgentes y plan a largo plazo

Desde el Ayuntamiento reconocen los "problemas crónicos" de los bloques de alquiler social. Se comprometieron con la plataforma a hacer una visita "en breve" a las 20 viviendas más deterioradas y arreglar estos desperfectos lo antes posible.

"Somos conscientes de que no es solo un problema de mantenimiento, sino un problema de envejecimiento del parque de vivienda social. Hay carencias importantes en los aislamientos y la carpintería. Las deficiencias puntuales las arreglaremos este año. Y queremos desarrollar un plan especial de rehabilitación de las 500 viviendas sociales del Actur. Sería un plan para varios años y confiamos en poder contar con financiación de otras instituciones", explica Pablo Híjar.

El Ayuntamiento gestiona un total de 2.600 viviendas en la ciudad, de las que 1.900 son de alquiler social. Las 500 del Actur están agrupadas en dos zonas: en torno a Pedro Saputo y Margarita Xirgú, por un lado, y Emmeline Pankhurst, por otro. En los bloques de Pedro Saputo y Margarita Xirgú se han realizado 2.200 intervenciones de mantenimiento desde 2010, por un valor de 613.000 euros.

Entre las actuaciones más recientes, el Ayuntamiento cambió los cerramientos exteriores de 14 viviendas de Pedro Saputo, como una prueba piloto contra la pobreza energética en la que ha invertido 80.000 euros. Cambiar los cerramientos de las 500 viviendas costaría entre 1,3 y 1,5 millones de euros, según las estimaciones del Ayuntamiento.

Los inquilinos pagan entre 85 y 326 euros, en función de la renta. El anterior equipo de gobierno municipal se comprometió -y este lo ha mantenido- a no desahuciar a ninguna familia por impagos. "La morosidad no ha aumentado. No se echa a nadie por motivos económicos. Les reclamamos que cumplan con su parte y somos flexibles en los casos en los que hay problemas", apunta Pablo Híjar. La plataforma solidaria del Actur pide que se revise la normativa de los alquileres para que se tenga en cuenta el número de miembros de la unidad familiar y se pague en función de la renta per cápita.