La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos empleados de Ambuibérica por insertar masivamente datos falsos sobre servicios prestados al Servicio Aragonés de Salud (Salud) para incrementar de forma ilícita el beneficio de la empresa. El tribunal de la Sección Sexta impone penas de un año y medio de cárcel y multas de 1.800 euros a David Llanos e Irene Lázaro como responsables de un delito de estafa agravada.

Los magistrados absuelven al consejero delegado de Ambuibérica, Carlos Magdaleno Fernández, ya que aunque sobre él pudieran recaer sospechas –"incluso vehementes", dice el fallo– que apuntaban a su participación en los hechos, no alcanzan la categoría de prueba para enervar su presunción de inocencia. Del director del grupo, Jorge Pastor, afirman que sobre él no hay ni sospechas y también lo absuelven. Igual suerte corre la empresa, como persona jurídica.

El tribunal atribuye toda la responsabilidad de la manipulación del registro de servicios a David Llanos e Irene Lázaro, a quienes Carlos Magdaleno Fernández trasladó de Valladolid a Zaragoza en un momento en que el sistema informático estaba teniendo muchos fallos. La función de Llanos era coordinar el tráfico y la de su pareja, Lázaro, introducir los datos de los servicios en el ordenador. Según la sentencia, con la finalidad de facturar al Salud cantidades superiores a las reales y con la excusa de los errores informáticos habían borrado los servicios prestados, urdieron un plan que consistía en introducir masivamente a mano datos falsos. Algunos hacían referencia a traslados hechos cuatro años después del fallecimiento del paciente, o eran de fechas anteriores a la contratación y había viajes repetidos y otros no justificados.

Al tribunal le llama la atención que la inserción masiva solo se produjera en Zaragoza y en tres meses concretos de 2012 en los que faltaba poco para saltar el tramo pactado de facturación y así poder cobrar más. En total, defraudaron 178.176 euros que fueron devueltos por la empresa. Igualmente, destaca que fue el Salud el que detectó las irregularidades y no Ambuibérica.

Los magistrados muestran también su "perplejidad" por el hecho de que el Gobierno de Aragón se apartara del proceso y expresara en su escrito su intención de no ejercer acciones apreciando, sin embargo, indicios de delito. "Sin duda fueron razones de oportunidad y no de estricta legalidad las que indujeron a la adopción de tal proceder", dicen.

La Fiscalía tampoco acusaba en esta causa y pedía la absolución y ha sido la Asociación de Ambulancias del País Vasco –competencia de Ambuibérica– quien ha ejercido la acción popular.