La Justicia no ve "ni un solo razonamiento" para que ZEC litigue por la propiedad de los templos

El ya casi interminable listado de rapapolvos judiciales que ha recibido en los últimos meses el Ayuntamiento de Zaragoza engordó ayer con un asunto que el gobierno de ZEC y el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, habían tomado como toda una batalla política y judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) desmontó la estrategia del Consistorio en el conflicto sobre la propiedad de la catedral de San Salvador (la Seo) y la iglesia de la Magdalena, al suspender el acuerdo por el cual el gobierno de ZEC decidió llevar el asunto a los tribunales. La jueza no ve "ni un solo razonamiento explícito" en el informe jurídico que debía justificar el citado acuerdo de gobierno.

Esa decisión, tomada el pasado 27 de marzo, se materializó en un encargo a la asesoría jurídica municipal para reclamar "la posible nulidad y rectificación registral" de la Seo y la Magdalena por parte del Arzobispado de Zaragoza, con el objetivo de "dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes". Es decir, el gobierno acordó llevar este asunto a los tribunales, y de hecho llegó a celebrarse sin éxito un acto de conciliación con la Iglesia. Pese a ello, el Consistorio todavía no ha presentado la anunciada demanda, y ha trasladado a la DGA y al Estado su supuesta competencia para hacerlo.

El Arzobispado presentó un recurso contra ese acuerdo del gobierno de ZEC y solicitó, además, unas medidas cautelares que lo suspendieran. Su objetivo era evitar un proceso judicial que le exigiría "cuantiosos gastos" para defenderse. La jueza le da la razón, decreta esas medidas cautelares y suspende el acuerdo de gobierno por no haber estado suficientemente justificado. Deja claro que "nada impide al Ayuntamiento" interponer medidas legales, pero "una vez evacuado el previo dictamen jurídico exigido" por la ley.

El Consistorio alegó que la decisión del gobierno se basó en un informe jurídico, pero el TSJA no lo considera suficiente. "No contiene un solo razonamiento explícito sobre la viabilidad de la acción y sobre la procedencia o no de adoptar el acuerdo de interposición de acciones judiciales", dice el auto, dictado ayer mismo.

El documento incide igualmente en que "tampoco consta el más mínimo indicio relativo a los posibles derechos que pudiera ostentar el Ayuntamiento de Zaragoza sobre los referidos templos". Ese documento, según la jueza, "no cumple la finalidad de advertir a la corporación municipal sobre la conveniencia, procedencia y viabilidad jurídica de las acciones que se pretenden interponer". Según apunta, la decisión de adoptar aventuras judiciales debe contar con "una previa opinión experta en derecho", para "hacer más difícil que un órgano administrativo inicie un pleito irreflexivamente o sin conocimiento de lo que son sus derechos, el modo de ejercitarlos y las razonables posibilidades de obtener una respuesta favorable".

Aunque el pronunciamiento judicial no debe entrar en el fondo del asunto –se limita a decretar las medidas cautelares–, que sigue su curso en el juzgado, sí aprecia una "apariencia de buen derecho especialmente intensa" en favor del Arzobispado, que es lo que motiva la suspensión temporal del acuerdo.

De lo contrario, el TSJA advierte de que el consistorio zaragozano "podría entablar las acciones que anuncia el acuerdo cuando el mismo carece de un mínimo asesoramiento que permita disponer de elementos técnicos suficientes para adoptar tal decisión".

El objetivo de "abrir el debate"

El Ayuntamiento anunció ayer que va a poner el auto en manos de sus servicios jurídicos para ver cuál es el siguiente paso que va a dar. No obstante, en el acto de conciliación que se celebró el 4 de mayo entre el Consistorio y el Arzobispado el portavoz del gobierno, Fernando Rivarés, ya dejó muy en el aire la posibilidad de presentar la demanda que abriría el proceso judicial: "Se ha demostrado que lo que quería el Ayuntamiento era abrir un debate sobre que este tipo de bienes sean de titularidad pública". De hecho, trasladó al Gobierno de Aragón y al Gobierno central la responsabilidad de llevar a juicio las inmatriculaciones de la Seo, la Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor.