Once bajas en un año entre los educadores del COA por estrés, ansiedad y agresiones

En la actualidad hay trece trabajadores de baja por distintos motivos. Otros ocho han dejado su puesto de forma definitiva.

La rotación de la plantilla es muy elevada y resulta sencillo encontrar ofertas de trabajo para el centro.
La rotación de la plantilla es muy elevada y resulta sencillo encontrar ofertas de trabajo para el centro.

El último año se sale de lo habitual en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Menores de Zaragoza, no solo en lo que al propio funcionamiento del centro se refiere, sino también en el ámbito de los recursos humanos. En estos momentos hay 12 educadores del servicio de baja laboral. La cosa no queda ahí: desde mayo del año pasado, otros cinco trabajadores han cogido la baja y se han ido reincorporando durante los últimos doce meses.

Resulta necesario acudir a los motivos de estas ausencias de larga duración. De la docena de bajas actuales, seis son por motivos ajenos al desempeño profesional, pero tres responden a cuadros de estrés y ansiedad directamente relacionados con el día a día del centro y otros tres a agresiones que han tenido lugar en el interior del inmueble.

A estos se suman los otros cinco profesionales que ya han recibido el alta y que también se ausentaron por experimentar estrés y ansiedad. Es decir, que un total de once educadores del COA han estado de baja desde mayo del año pasado por sufrir estrés y ansiedad o por agresiones protagonizadas por los menores acogidos en esta instalación, recurso del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) explotado por una empresa privada concesionaria, Intress.

Al margen del carrusel de ausencias por prescripción médica, en el citado período han abandonado su puesto otros ocho educadores. La mitad, cuatro, lo han hecho bajo la modalidad de excedencia, mientras los cuatro restantes han renunciado de forma irrevocable a su contrato.

Los datos relativos a las bajas han sido facilitados por el comité de empresa. Consultada por el asunto, desde la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, responsable última del COA, se apunta que ya “se ha hecho una evaluación de la situación del centro” y que “se ha intentado mediar entre los trabajadores y la empresa”.

Además, las mismas fuentes de la consejería aseguran que “ya se tiene avanzado el trabajo en un nuevo proyecto de centro que responda a las necesidades actuales de los menores”.

Desde el colectivo ‘Educadores en Lucha’, que engloba al grueso de los empleados, indican que “el inicio de esta avalancha de bajas coincide en el tiempo con el cambio de responsables en la dirección técnica y del centro, que en ninguno de los dos casos tienen la experiencia necesaria para desempeñar esos cargos, y de ahí este desgobierno”.

“Estas dos personas han deshecho el equipo, en el que ya casi no quedan veteranos. Queremos dejar claro que consideramos que las primeras víctimas son los niños, pero también los profesionales”, añaden desde el colectivo.

Los pliegos de la contrata obligan a que haya un mínimo de 26 educadores para poder cubrir los turnos de trabajo. Las ausencias reiteradas han generado una enorme rotación y no resulta complicado encontrarse con ofertas de empleo para el centro en los portales especializados.

El próximo mes de diciembre concluye la adjudicación actual de la explotación del centro, que ostenta la empresa Intress. Todo apunta a que no seguirá al frente de la gestión, igual que no lograron pasar el primer corte en la licitación del reformatorio de Juslibol.

Los educadores del COA mantienen un choque con Intress con diferentes frentes abiertos. En lo laboral, la sociedad ha sido sancionada por Inspección de Trabajo por diferentes irregularidades como tener a trabajadores sin contrato o sin dar de alta en la Seguridad Social, además de contravenir la ley en materia de prevención de riesgos o no contar con personal sanitario para dispensar medicamentos en cuadros psiquiátricos. En estos momentos hay otra serie de denuncias en curso.

Además, desde el verano pasado se han venido sucediendo distintos episodios violentos en los que han tenido que intervenir agentes de la Policía Nacional -también del cuerpo adscrito a la Comunidad Autónoma- y efectivos del cuerpo de Bomberos.

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