No ha habido acuerdo. El Arzobispado y el Ayuntamiento de Zaragoza han resuelto en media hora el acto de conciliación sobre las inmatriculaciones de la Seo, la Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor, celebrado en el juzgado de Primera Instancia nº21 a las 9.15.

El Arzobispado, representado por el letrado Ernesto Gómez, ha basado su negativa en seis argumentos. "El primero es que los bienes a los que se alude están registrados. Ese proceso se realizó previa calificación del registrador. Es decir, se no actuó a ciegas, sino que se recabaron todos los datos necesarios para realizarlo conforme a la legalidad correspondiente", ha explicado el portavoz del Arzobispado, José Antonio Calvo.

Ha resaltado, por otra parte, que el Ayuntamiento no identifica en su argumentación la titularidad pública que se invoca. "No se habla del Estado ni del Gobierno de Aragón", ha señalado, al tiempo que ha asegurado que el Consistorio "no justifica la legitimación para incoar este proceso", así como que la documentación aportada no recoge en ningún momento "ningún sustrato legal, ninguna jurisprudencia ni ningún punto de los códigos de Derecho vigentes en España".

"La solicitud presentada por el Ayuntamiento carece de argumentos probatorios. No aporta ninguna prueba de legitimidad o de propiedad", ha expuesto. A su parecer, el gobierno municipal no ha reflejado fundamento jurídico alguno. "No ha incluido el informe previo del secretario municipal, necesario para defender los bienes del Ayuntamiento", ha añadido.

Estas son, en su opinión, "razones suficientes para no aceptar la conciliación". "Esta falta de rigor legal nos lleva a pensar que la finalidad perseguida es puramente ideológica y propagandística, que tiene como fin erosionar la imagen de la Iglesia católica y de la Archidiócesis de Zaragoza", ha aseverado.

Se espera que el gobierno, que aún no se ha pronunciado, exponga su versión a lo largo de este miércoles. El siguiente paso sería que el Ayuntamiento incoase un proceso judicial, aunque en el acto de conciliación no se ha adelantado si seguirá o no adelante.

El concejal de Cultura, Fernando Rivarés, no ha aclarado si el Ayuntamiento incoará o no el proceso judicial. “El siguiente paso es esperar la respuesta oficial a la petición formal que hizo el Consistorio por parte de la DGA o el Gobierno de Aragón”, ha apuntado.

En todo caso, ha insistido en que ZEC “ha hecho bien”, ya que “el juez ha reconocido la capacidad jurídica y política del Ayuntamiento” para llevar a cabo esta decisión. “Hemos parado el plazo de inmatriculación, hemos abierto el debate y hemos dejado el camino limpio al Gobierno de España y a la DGA para que puedan hacer uso de su legitimidad y hacer que estos templos pasen a ser de titularidad pública”, ha afirmado.