El extesorero de OSTA acepta 2 años de prisión por un desfalco de 175.000 €
Su exmujer será condenada a un año por insolvencia punible. Ambos deberán devolver también el dinero al sindicato.
El que fuera tesorero de OSTA Aragón entre los años 2006 y 2013, José Antonio Santa Casilda Florentín, aceptó ayer una condena de dos años de prisión y una multa de 2.160 euros por aprovecharse del cargo y perpetrar un desfalco que dejó en números rojos al sindicato, hasta el punto de no poder solicitar ningún tipo de subvención por las cuantiosas deudas que arrastraba con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Para que la Fiscalía y la acusación particular aceptaran el acuerdo, puesto que solicitaban una condena de hasta 5 años y medio de cárcel, el encausado tuvo que comprometerse también a devolver los 175.000 euros de los que se apropió. Porque de lo contrario, no se le suspenderá la pena y tendrá que ingresar en Zuera.
Pero en el banquillo no solo se sentaba el excontable, puesto que las acusaciones también habían presentado cargos contra su exmujer, María Ascensión A. G., y la hija de ambos, María Paola S. A., que se enfrentan a sendas penas de dos años de cárcel por un delito de insolvencia punible. Ellas también se avinieron al acuerdo con la Fiscalía y la abogada de OSTA, Trinidad Paño, de forma que la joven fue exonerada y su madre será condenada a un año de cárcel y al pago de una multa de 1.440 euros.
La Fiscalía cifraba en 326.607 euros el perjuicio económico causado a OSTA por José Antonio Santa Casilda Florentín. Pero el sindicato aceptó rebajar la cuantía de la responsabilidad civil a 175.000 euros para poder saldar deudas y recuperar la solvencia. "A consecuencia del desfalco, nos vimos obligados a hacer un ERE y hubo afiliados que aportaron dinero para impedir la quiebra. Hemos aceptado el acuerdo porque con la suma pactada lograremos sanear totalmente la contabilidad y podremos volver a solicitar subvenciones", explicaba a la salida del juicio el secretario general de la organización, David Lázaro.
Su subió el sueldo sin consultar
José Antonio Santa Casilda estuvo al menos siete años aprovechándose de su acceso a las cuentas de OSTA para cometer todo tipo de tropelías contables. Una investigación interna reveló que se había estado subiendo el sueldo desde 2006 "de manera unilateral y arbitraria, careciendo de autorización por parte del sindicato". Según los cálculos de la gestora, la suma cobrada indebidamente por el ahora acusado rebasaría los 110.000 euros. En su condición de responsable de la contabilidad, Santa Casilda también suscribió un seguro médico para él, su esposa y su hija a cargo de OSTA. Lo hizo sin consentimiento alguno del sindicato, causándole un perjuicio económico de otros 10.000 euros. Por contra, el excontable dejó de abonar el importe de las primas del seguro con Adeslas, compañía con la que el sindicato tenía suscrita una póliza colectiva para sus afiliados. Cuando OSTA se puso en contacto con la aseguradora descubrió que los impagos rondaban los 82.000 euros.
El encausado era la única persona autorizada para llevar a cabo determinadas gestiones y contaba con la plena confianza de sus superiores, por lo que estos no descubrieron el desfalco hasta que la Policía se presentó en la sede del sindicato para comunicarles el embargo de varios vehículos. Fue entonces cuando les explicaron que arrastraban importantes deudas con la Agencia Tributaria (más de 200.000 euros), la aseguradora Adeslas (82.000 euros) o el propietario del local que el sindicato tiene arrendado en Zaragoza.
Cuando la gestora de OSTA hizo gestiones para aclarar lo sucedido y conocer su verdadera situación contable, se dio cuenta de que había desaparecido prácticamente toda la documentación y no existían archivos que reflejaran las entradas y salidas de dinero del banco, ni extractos, ni recibos o fracturas. Todo ello condujo al inmediato despedido del ahora acusado, contra el que también se iniciaron acciones penales.
El juicio contra José Antonio Santa Casilda tenía que haberse celebrado el pasado 10 de enero en la Audiencia de Zaragoza, pero el encausado no se presentó ante el tribunal, que decidió ponerlo en busca y captura. La orden se revocó al día siguiente, después de que el extesorero explicara que no acudió al juicio porque sufrió un síncope en plena calle y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital. Así se lo explicó el propio interesado al tribunal, adjuntando el informe de urgencias que acreditaba su ingreso.
