El perito que dijo que el karting valía menos reconoce que le faltaron datos de cálculo
Admite que no tuvo en cuenta la explotación del negocio ni el precio real que Plaza había pagado por dos suelos similares. Hizo la prueba con las cifras facilitadas por el denunciante.
Las pruebas por un presunto delito de malversación contra el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril, el exconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y el dueño del negocio Santiago Becerril parecen debilitarse. Sobre todo, después de que durante las sesiones del juicio hayan empezado a cuestionarse los números que han servido para sentar en el banquillo a los acusados, que se enfrentan a penas de hasta once años de cárcel.
Las primeras dudas surgieron al conocerse que los datos que el denunciante de esta causa, Jesús Andreu sucesor de García Becerril al frente de la gerencia de Plaza, entregó a la Policía en una hoja Excel para demostrar que se había pagado un sobreprecio no son reales o, al menos, no están completos. Así se demostró con las actas de pago aportadas por el exconsejero del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, en las que figuran las cantidades que efectivamente abonó Plaza por otras parcelas similares y que eran más elevadas que las reflejadas en la hoja facilitada por Andreu.
Pero las incertidumbres se acrecentaron ayer al escuchar al perito judicial, Alejandro Latorre. Este admitió que hizo su valoración del kartódromo con esas cifras inexactas (sin saberlo), lo que le llevó a asegurar al juez que se pagó dos veces más de lo que valía, es decir, 6,3 millones en lugar de los 2,3 que, en su opinión, costaba. Pero, además, reconoció que no tuvo en cuenta la explotación del negocio del karting, del que vivían siete familias. También admitió que si la ley le obliga a tomar seis testigos (o cifras de referencia) para hacer un peritaje por el método comparativo, como el suyo, él solo usó dos: las de las empresas Petróleos Zaragoza y Transportes Hermanos Roche. "Si no hay más testigos no me los puedo inventar", respondió a Valentín Romero, abogado del acusado Santiago Becerril.
La cuestión se agrava si se tiene en cuenta que en la hoja Excel que entregó Andreu se recoge que se pagó 69,46 /m2 a Petróleos Zaragoza y 57,92/m2 a Hermanos Roche cuando, en realidad, Plaza abonó 175 /m2 a la primera y271 /m2 a la segunda, tal y como figura en los documentos de pago. Por el kartódromo, el precio que se acordó fue de 187,37 /m2, lo que está entre los dos anteriores.
El perito reconoció abiertamente que si hubiera tenido los datos reales y que las defensas de los acusados han pedido a Plaza de forma infructuosa durante la instrucción, su conclusión hubiera sido muy distinta. "No es culpa suya", le dijo Juan Monclús, abogado de Esco y quien aportó los datos facilitados por el exconsejero de Obras Públicas y presidente de Plaza, Javier Velasco.
Al igual que dijo este último en su declaración, los cinco vocales del Consejo de Administración de la sociedad pública que testificaron el pasado miércoles coincidieron en que la compra de la parcela del kartódromo era "necesaria" y que el precio que se pagó estaba en la "horquilla" de otros negocios similares. Añadieron que no se expropió por no estar dentro del área del proyecto de la plataforma logística y era urgente porque competían por abrir el área comercial de Plaza Imperial antes que Puerto Venecia.
Por unanimidad
El exconsejero de Economía del Gobierno de Aragón Eduardo Bandrés (PSOE) manifestó que la parcela era "estratégica" en el desarrollo comercial de Plaza y para la conexión con la A-2. "No era un suelo para quedárnoslo sin más, sino que se veía que iba a dar dividendos y rentabilidad para la sociedad pública", explicó. Como él, los otros cuatro vocales Alfredo Boné (PAR), exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; Ricardo Cavero, que representaba en el consejo al Ayuntamiento de Zaragoza; Tomás Marqués Insa, independiente nombrado por la DGA; y Luis García Ballesteros, de Ibercaja señalaron que fueron debidamente informados de la compra y se aprobó por unanimidad.
De lo que no estaban informados fue de la comisión de 661.110 euros que Santiago Becerril asegura que le exigió y pagó a Ricardo García Becerril por la compra de su terreno. De hecho, la pregunta directa que el abogado de la DGA, Ignacio Susín, hizo sobre esta cuestión a Eduardo Bandrés provocó una airada respuesta de este y le pidió que la retirara al sentirse vivamente ofendido.
