El interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza va a remitir al Tribunal de Cuentas la decisión del gobierno municipal de rescatar el servicio de atención telefónica 010. En un nuevo informe, solicitado por PSOE y Ciudadanos, el máximo órgano de control de legalidad se reitera en sus reparos al proceso de municipalización que emprendió ZEC, que además va a acabar en los tribunales por decisión de la confederación de empresarios zaragozanos (CEOE).

El gobierno de ZEC decidió rescatar este servicio tras un decreto del alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve. Lo firmó para resolver la discrepancia que se había generado entre un informe del interventor, que ponía reparos al proceso, y otro de la asesoría jurídica, que sí que era favorable. Sin embargo, la intervención advierte en su nuevo informe que con ello se incumplió "el procedimiento establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto".

Según este órgano de control de legalidad, ante la discrepancia surgida tras el informe de la asesoría jurídica, se le debería haber remitido el documento "para poder así manifestar si mantenía sus reparos o los retiraba".

Los grupos municipales de PSOE y Ciudadanos han presentado este jueves el informe del interventor, y han alertado de sus consecuencias. "Se confirman todas las dudas que teníamos sobre el procedimiento, que tiene visos de no ser legal", ha apuntado la portavoz de la formación naranja, Sara Fernández. Por su parte, la concejala del PSOE Marta Aparicio ha señalado que "el informe dice que no cabe la subrogación de la plantilla".

Aunque ambas han dicho que esperarán a las explicaciones que dé el alcalde el viernes en el pleno, alertaron de que el rescate "puede ser declarado nulo", por lo que a su juicio "se está poniendo en riesgo el servicio". Hay que tener en cuenta que el 1 de marzo la empresa Pyrenalia abandona el 010, y a partir de ese día sería cuando las trabajadoras pasarían a depender directamente del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por su parte, el concejal del PP Pedro Navarro ha calificado el informe de "demoledor", ya que "confirma que las cosas se han hecho al margen de la ley". Ha pedido que "se respete" el criterio del interventor y no ha descartado ninguna opción" en cuanto a las iniciativas que su grupo puede tomar.