El gobierno municipal de ZEC se ha topado con un nuevo escollo jurídico en su pretensión de ampliar el servicio Bizi. La Intervención del Ayuntamiento de Zaragoza ha expresado sus dudas de que sea viable duplicar el número de bicicletas de alquiler, hasta llegar a las 2.500 en 2019, entre otros motivos porque "resulta difícil" aceptar que con las condiciones que está planteando ZEC y la empresa se pueda "garantizar" el equilibrio económico de la concesión.

El máximo órgano de control de la legalidad y fiscalización económica del Consistorio analiza la propuesta de incorporar 1.200 nuevas bicicletas y 120 estaciones de 21 anclajes cada una "a fin de extender el servicio a toda la ciudad", tal y como anunció el gobierno municipal el miércoles. En la iniciativa, se plantean mejoras que se valoran en una cantidad de 2,5 millones de euros.

Por ejemplo se propone reducir en un 25% de los pagos por la puesta en servicio de las inversiones de ampliación, renovación total del parque de bicicletas mediante un nuevo modelo todavía pendiente de homologación, instalación de proyectores en 39 estaciones, cambio de teléfono de atención del usuario o ampliación del horario, que solo se interrumpirá de 2.00 a 5.00.

Para sufragar estas mejoras se propone como contraprestación a la concesionaria, la empresa Clear Channel, la ampliación del contrato?, que expira en 2023, en cuatro años.También se plantea la sustitución de 70 postes publicitarios que dejarán de tener carácter fijo a rotatorio. Estos cambios se valoran en 2,3 millones. Ninguna de las mejoras, indica Intervención, estaba recogida en los pliegos de condiciones.

Los técnicos del servicio de Control y Fiscalización de la Intervención, que se quejan "del escaso margen de tiempo" para emitir el informe, recuerdan el expediente por el que el gobierno municipal quería indemnizar con 404.713 euros a Clear Channel por el descenso del número de usuarios. Este pago fue anulado el jueves por ZEC un día después de su aprobación al advertir que Intervención también se había posicionado en contra.

En el caso de la ampliación, el informe, firmado el pasado 28 de diciembre, constata la vinculación de los dos expedientes."La indemnización derivada de aquel se plantea ser absorbida con las modificaciones propuestas en el presente", indica.? Este aspecto pone en evidencia lo complejo de la ampliación del servicio, una vez anulada la indemnización.

Intervención recuerda que, después de la puesta en servicio de las primeras 1.000 bicicletas y 85 estaciones y de la primera ampliación en 2011 (300 bicicletas más y 30 estaciones más), la empresa adjudicataria asume "un desequilibrio económico" próximo a los 500.000 euros. Insiste en que la Asesoría Jurídica ya cuestionó el montante de la ampliación de 2011. Por eso, considera "difícil" aceptar que se garantice el equilibrio económico.

Es más, ante "la dimensión" de la modificación que se propone, que pasa por duplicar el contrato inicial, la Intervención rechaza asumir que la ampliación "se cifre en un 4,2% del coste inicial", que superaba los 54 millones de euros. Es más, recuerda que la modificación del año 2011, "de mucha menor entidad", se estimó en un coste del 8,6%, "porcentaje que puso en duda la Asesoría Jurídica".

"Además, la justificación de que el coste y el equilibrio se alcanza por la prolongación en cuatro años más de la contrata, no se entiende suficientemente desarrollada como garantía de equilibrio", añade la Intervención general. Comparte por otro lado "las dudas" de la Asesoría Jurídica, puesto que "la sustitución completa del parque de bicicletas no es una modificación prevista en los pliegos". Por eso pide una justificación "exhaustiva" del interés público, dado que podría ser motivo de reclamaciones en los tribunales.

Por otro lado, en su informe, el servicio de Intervención asume que los pliegos admitían ?ampliar el Bizi si así lo exigía la demanda, pero lamenta que en la propuesta no se aporte ni siquiera un mapa de las estaciones existentes.