Jorge Azcón, portavoz del PP, exige que Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos, dé explicaciones sobre la anulación de los 404.700 euros que se iban a pagar a Clear Channel, empresa que gestiona el servicio Bizi, tras la pérdida de 13.000 usuarios.

A su parecer, la culpa de que ZEC haya tenido que rectificar en 24 horas no es de los técnicos, sino de los políticos. "Los que toman las decisiones son los miembros del gobierno", ha recalcado. También ha criticado que el edil no haya dado la cara todavía. En todo caso, confía poquísimo en que haga "lo que tendría que hacer, que sería irse del Ayuntamiento".

Esto, en su opinión, demuestra la "inexperiencia y la incapacidad de gestión" de Zaragoza en Común. "Es chapuza tras chapuza", ha añadido. El PP cree que "cuantos más aspectos se conocen del expediente, más dudas se abren". Azcón ha asegurado que hay "dos expedientes de Intervención" y ha pedido conocer ambos. Asimismo, ha acusado al gobierno de no seguir el procedimiento administrativos fijado para estos casos. "Tendrán que abrir un procedimiento de lesividad y explicar con informes cuáles son las razones de esta revisión", ha dicho.

La formación teme que esta situación ponga en peligro la ampliación del servicio Bizi. "Si el dinero fuera suyo, el gobierno se habría leído el expediente. Existe un riesgo permanentemente de que se dilapide o se regale el dinero público", ha señalado.

Azcón ha aprovechado para hacer balance de 2016, año en que, a su juicio, ha empeorado la situación económica de Zaragoza, ha fracasado el proyecto de ZEC y se ha perdido calidad democrática. "Prometieron participación y transparencia, pero la realidad es que han sido una máquina de generar problemas", ha manifestado.

El portavoz ha basado sus afirmaciones en cuestiones como la "baja ejecución" del presupuesto de acción social, la huelga de autobús, la escasa participación en la encuesta del tranvía o el enfrentamiento "con empresarios y sindicatos". Además, ha acusado a ZEC de "despreciar a la mayoría democrática" del Ayuntamiento y de hacer del Consistorio un instrumento "político y partidista".