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Pirotecnia Zaragozana

Recurren al Constitucional el archivo del accidente en la Pirotecnia Zaragoza

La familia de uno de los seis fallecidos ha recurrido con el fin de que les sea reconocido el derecho a un proceso público con "todas las garantías".

Efe. Zaragoza Actualizada 20/10/2016 a las 15:28
La explosión destrozó las instalaciones dePirotecnia Zaragozana en GarrapinillosM. S.

La familia de uno de los seis fallecidos en la explosión de la empresa Pirotecnia Zaragozana ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el archivo de la causa penal, con el fin de que les sea reconocido el derecho a un proceso público "con todas las garantías".

La esposa y dos hijos de una de las víctimas mortales de este accidente ocurrido en agosto de 2015, en el que resultaron graves otras seis personas, han presentado un recurso de amparo ante el TC contra el archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, ratificado por la Audiencia Provincial, al entender que se les ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva.

En los antecedentes del recurso, al que ha tenido acceso este jueves, la familia considera que en la instrucción del proceso "no se ha realizado más prueba que la aportación de diversos informes periciales sin ratificación alguna en sede judicial" y "que las declaraciones de los testigos del suceso tampoco han sido ratificadas" en un juicio.

Los demandantes, representados por el abogado Javier Hernández, reconocen que los informes periciales indican las "dificultades cuando no imposibilidad de determinar la causa de la explosión inicial", si bien consideran que estos acuerdan "la existencia de determinadas situaciones que pudieron conllevar a la extensión de la explosión".

Entre los informes que destacan figura uno del Laboratorio oficial "J.M.Madariaga", realizado a petición del Ministerio de Industria y Energía, que en sus conclusiones indica la posibilidad de la "existencia de un funcionamiento anormal, fallo o ruptura de determinados elementos".

En la documentación se ha podido "constatar la existencia en la instalación de cloruro potásico, lo que está prohibido expresamente y, en su caso, hubiera requerido la especial formación de los trabajadores que utilizaron el citado producto", añaden.

La Audiencia de Zaragoza reconoció que el juzgado de instrucción acordó un "prematuro sobreseimiento provisional", si bien determinó que no se observa en las conductas denunciadas una actuación de suficiente entidad para merecer un reproche penal, ni prueba de cargo para abrir un proceso penal y, en definitiva, para imponer una pena criminal.




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