ZEC reitera su oposición al outlet Torre Village

El grupo considera que el proyecto de Pikolín "va en contra de la legalidad, el PGOU, la razón y el tejido social y sindical".

Recreación del 'outlet', cuyo complejo estará presidido por la torre de Pikolin.
ZEC bloquea el 'outlet' Torre Village con el encargo de otro informe que no es preceptivo
HA.

El consejero municipal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Pablo Muñoz, ha explicado que el equipo de gobierno de la formación Zaragoza en Común (ZEC) se opone al outlet Torre Village que se ubicaría en las instalaciones de las antiguas oficinas de Pikolín porque "va en contra de la legalidad, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la razón y el tejido social y sindical".


Muñoz ha recordado que la zona donde se instalaría el outlet tiene la calificación H en el PGOU, destinada para usos industriales, pero no comerciales y ha alertado de que aprobar esta modificación "a la carta para un empresa concreta" supondría una "vulnerabilidad jurídica total".


Al respecto, ha criticado que este proyecto "lo apoyan grupos, como el PSOE y el PP, que exigen el cumplimiento de la legalidad, aboga por la estabilidad jurídica, pero piden dispensas jurídicas a ciertos promotores".


Asimismo, el outlet de Pikolín "va en contra" del Plan de Comercio Local y "quiebra el modelo de ciudad", para lamentar que "no hemos aprendido nada sobre de un modelo expansivo que ha fracasado" y observar que Zaragoza tiene "miles de metros cuadrados vacíos de comercios en los barrios". Además, ha citado que la apertura de una conocida marca internacional ha "perjudicado a los comercios de muebles de San José".


Muñoz ha defendido que "queremos actividad económica, pero de la buena, de la que genera empleo" y ha señalado que los grandes centros comerciales "destruyen dos empleos en los barrios por cada uno que generan y, además, con gran precariedad".


En rueda de prensa, ha señalado que entorno a este proyecto "ha habido mucha demagogia y falsedades sobre los tiempos" y ha dejado claro que "se ha tramitado desde el primer momento que se ha podido traer a Urbanismo". También ha aclarado que todos los informes realizados "dicen que no hay datos suficientes por lo que se tuvo que pedir un cuarto", en referencia al encargado en agosto al Instituto Municipal de Formación y Empleo de Zaragoza (IMEFEZ).

Responsabilidad política

Uno de los informes encargados ha sido al Gobierno de Aragón, del que se desprende que "se tienen que estudiar los efectos que pueda producir en la ciudad consolidada de nuevos desarrollos urbanos".


Muñoz ha precisado que la tramitación de este proyecto "es voluntaria y no obligatoria como la de Averly", para emplazar a los concejales a "decidir si quieren un gran centro comercial que rechazamos porque desde la legalidad son usos que no caben en el PGOU".


En caso de aprobarse en la Comisión de Urbanismo de la próxima semana, ha alertado de que "sería una modificación encubierta del PGOU" por lo que ha apelado a la responsabilidad política. Si también contara con la aprobación plenaria, el proyecto saldría adelante y se tendría que proseguir con la tramitación urbanística posterior.


Al respecto, se ha preguntado "si esta fiesta la va a pagar el PP con las afecciones que produzca en los barrios" y también se ha referido a la responsabilidad del PSOE para criticar que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, presentara este proyecto en Madrid cuando el pleno municipal todavía no se había pronunciado, lo que es una falta de respeto, también a los votantes" para opinar que "se lo tiene que hacer mirar".


A colación, ha instado al PSOE a que "decida si está con los poderosos y en contra de la ciudad o está por un pacto estable con ZEC que permita la gobernabilidad en la ciudad". Finalmente, ha insistido en que defender el comercio de barrio es "votar en contra de Pikolín por la dudosa legalidad que encierra".

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