El Ayuntamiento de Zaragoza pagará medio millón a 13 auxiliares administrativas
Las auxiliares aprobaron la oposición pero no accedieron a la plaza porque un cambio de baremo en la calificación posterior les bajó la nota.
Una sentencia obliga a pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 500.000 euros a trece mujeres que aprobaron en primera instancia la oposición de auxiliar administrativo de 2011 pero que finalmente no accedieron a la plaza porque un cambio de baremo en la calificación posterior les bajó la nota.
Las trece afectadas recurrieron ante el juez y, en 2015, el actual Gobierno de Zaragoza las readmitió tras pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a su favor, indicando que la decisión fue arbitraria, ha informado este viernes el consistorio en una nota de prensa.
El concejal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha señalado este viernes que se admitió a las afectadas al considerarlas "aprobadas de buena fe".
Cubero ha explicado este viernes que "una vez realizado el examen y conocidas las calificaciones", la anterior consejera de Personal, Lola Ranera, "cambió el baremo de la oposición mediante un decreto unilateral".
De este modo, las trece afectadas, que habían aprobado la oposición en primera instancia, vieron cómo su nota decaía, mientras otras trece que no habían aprobado pasaron la prueba con el cambio de baremo.
Ahora se conoce esta sentencia, que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a las trece trabajadoras por los años entre 2011 y 2015.
El concejal ha pedido a la anterior responsable de Personal "responsabilidades políticas por tomar una decisión contraria a la norma".
En este sentido, ha añadido que "las malas decisiones de la señora Ranera han costado a este Ayuntamiento sólo en esta semana un millón de euros", en relación también con la votación en contra de municipalizar la depuradora de la Almozara.
Finalmente, Cubero ha criticado "las decisiones arbitrarias tomadas por Lola Ranera en materia de Personal" y, respecto a la municipalización, ha declarado que "existe una campaña de desprestigio de la prestación directa de servicios públicos".
