ZeC no recurrirá la sentencia por la contrata de Auzsa pese al rechazo de la oposición

Rivarés ha recordado que hasta hace un año el Ayuntamiento recurría todo, pero que le ha supuesto muchos pagos por intereses de demora.

El Gobierno de Zaragoza ha acordado no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula tres artículos del pliego de condiciones por el que se adjudicó a Auzsa la contrata del autobús urbano, postura que han rechazado en bloque todos los grupos de la oposición.


Con esta decisión se respeta el acuerdo del TSJA y los criterios jurídicos que la sustentan, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno municipal, Fernando Rivarés.


Rivarés ha recordado que hasta hace un año el Ayuntamiento recurría todas las sentencias por norma, lo que ha supuesto, ha explicado, tener que efectuar un elevado número de pagos por intereses de demora.

Para evitarlo, el equipo de Gobierno decidió para cada ocasión hacer un informe sobre las consecuencias de apelar o no.


En el caso de se anulen parte de los pliegos de condiciones de la contrata de Auzsa, el informe, según Rivarés, dice que en este tipo de casos el 97 % no pasan un recurso.


También que "lo más probable" es que una vez que la sentencia sea firme no suponga ninguna anulación del concurso.


El portavoz municipal ha informado de que la única eventual indemnización que podría provocar sería a la cooperativa de trabajadores que demandó, por daños morales o costas del proceso, "ninguna otra".


Respecto a las críticas de la oposición ha recordado que el supuesto conflicto viene por la demanda contra una adjudicación de una contrata cuyos pliegos no los hizo este gobierno.


El portavoz del PP, Jorge Azcón, cree que lo que pretende el Gobierno es dejar pasar el plazo sin tomar una decisión y ha subrayado que el informe de la Asesoría Jurídica que se les ha facilitado "lo que avala es que el gobierno ha tomado una decisión contraria a la opinión de los técnicos y frente a eso van a tomar una decisión política con consecuencias extraordinariamente graves" y "pensando en los intereses partidistas y sindicalistas".


Ha desmentido las explicaciones de que el recurso no tendría viabilidad porque la Asesoría "solo da motivos para recurrirlo".


El portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, también ha acusado al Gobierno de mentir porque una vez que han tenido acceso a los expedientes "en ninguno viene la toma en consideración de no recurrir la sentencia de Auzsa", por lo que "no ha tomado ningún acuerdo porque no hay expediente".


A juicio de Anadón, no hay informe que lo avale, por lo que cree que lo que está haciendo es dejar pasar los plazos, y no ha descartado sumarse a iniciativas que adopten otros grupos.


Desde Ciudadanos, su portavoz, Sara Fernández, ha criticado el retraso en conocer ese informe, a su juicio porque "va en contra" de los intereses del equipo de Gobierno y "prefieren ocultarlo a la oposición", cuando lo que deberían primar son los intereses de la ciudad y no políticos, al tiempo que se ha preguntado de dónde va a salir el dinero para indemnizaciones.


El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha recordado que su grupo ya advirtió en su momento de que eran unos pliegos "muy restrictivos" que había que modificar pero "no se hizo caso", a pesar de lo que su postura ahora es la de que el Ayuntamiento en lo que debería basarse es en el bien común y en las consecuencias jurídicas que podría tener no recurrir la sentencia.


Ante esta decisión, CHA ha solicitado la comparecencia del alcalde, Pedro Santisteve, así como la de los consejeros de Servicios Públicos, Alberto Cubero, y de Urbanismo, Pablo Muñoz, y todos los informes jurídicos que avalan esta decisión.

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