El próximo 12 de septiembre se cumplirá un mes del tiroteo registrado junto al centro comercial Aragonia, en el que M. A. G. S. resultó herida de gravedad al ser alcanzada por tres proyectiles que salieron de la pistola que empuñaba su exmarido, el empresario Juan Antonio Ruiz Díaz. El agresor guardó la última bala del cargador para dispararse un tiro en la cabeza y falleció el 22 de agosto. Ella logró salvar la vida, pero recibió impactos en la cara, el hombro y la rodilla que 27

días después del ataque la mantienen todavía hospitalizada. Es más, esta misma semana ha tenido que volver a pasar por el quirófano.

El empresario disparó contra el Mercedes en el que viajaban tanto su exmujer como su hija, por lo que se le imputaba una doble tentativa de asesinato. Sin embargo, su fallecimiento ha hecho que la responsabilidad penal quede extinta, ya que a nadie podrá juzgarse ya por el trágico suceso. Lo que teme ahora el abogado de las víctimas, Simón Lahoz, es que la juez que instruye el caso pueda decretar su archivo sin interrogar siquiera a la tiroteada. Ya no solo para dar su versión de lo acontecido a la salida del aparcamiento, sino para contar también qué ocurrió dos días antes en la comisaría de General Mayandía, a la que madre e hija acudieron para decir que temían ser víctimas de una agresión como la que finalmente sufrieron.

Como informó entonces HERALDO, del paso de ambas mujeres por dependencias policiales dio cuenta la propia hija al ser interrogada tras el tiroteo por el Grupo de Homicidios. Según la joven, a los agentes que les atendieron les explicaron que su padre tenía armas y que contaban con una grabación en que presuntamente las amenazaba. Pese a ello, no se llegó a tramitar ninguna denuncia por violencia de género, lo que dio lugar a una investigación interna por parte de la Jefatura Superior de Aragón.

La hija quiso dar cuenta de lo sucedido en comisaría ante el juez de guardia y ratificó después su declaración ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, que es la que instruye las diligencias. El delicado estado de la tiroteada impidió a la juez escuchar entonces su versión de los hechos. Pero la mujer está ahora mucho más recuperada y aún no se ha acercado nadie al hospital a preguntarle por lo ocurrido.

Transcripción de las amenazas

Según fuentes de la investigación, lo que sí ha hecho la magistrada es pedir a la Guardia Civil que requise las armas que el agresor tenía en su casa de Torres de Berrellén. La diligencia se llevó a cabo precisamente ayer, cuando varios agentes se desplazaron al chalé y recuperaron al menos una escopeta de caza y una ballesta. El hombre era aficionado al tiro olímpico, de ahí que también estuviera en posesión de una Beretta del calibre 9 milímetros, arma que usó para disparar contra su exmujer y que ya fue intervenida.

Como la hija del fallecido declaró en el juzgado que guardaba una grabación en el móvil en la que su padre amenazaba a su madre, la juez también le ha pedido que aporte una transcripción de dicho archivo sonoro.

A través de su letrado, las víctimas dijeron que se sintieron "ignoradas" en comisaría. Pese a lo cual, han reiterado que no tienen intención de presentar ninguna denuncia contra los agentes. En cualquier caso, será la juez la que decida ahora si cabe abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Porque la versión de los funcionarios que atendieron a las dos mujeres es muy distinta, y afirman que estas nunca llegaron a advertirles de que el ahora fallecido tenía armas.