La residencia de Santa Fe, en venta un año después de la tragedia

Justo cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia, los propietarios del edificio que albergó la malograda residencia de ancianos de Santa Fe han colgado el cartel de 'Se vende' en el camino que da acceso a la propiedad.

En la noche del 11 de julio de 2015, una residente de 62 años se introdujo en una habitación vacía y prendió fuego a uno de los colchones, acción que causó la muerte a nueve de sus compañeros, todos ellos de entre 74 y 92 años de edad.

Este mes se ha puesto a la venta la propiedad completa por un valor de 170.000 euros, un precio bastante por debajo del que se pide por viviendas de dimensiones similares en la misma zona. La finca consta de 1.800 metros cuadrados y el edificio, de tres plantas, supera los 300 metros cuadrados. Desde la inmobiliaria que gestiona la venta, Fincas Fleta 2002, informan de que el edificio fue sometido a una limpieza general tras el incendio, pero también de que no se han reparado en profundidad los desperfectos provocados por las llamas. "Habría que retocarla otra vez", reconocen.

En sus tiempos como residencia este inmueble acogía a una veintena de ancianos, por lo que consta de una decena de habitaciones y de varios aseos en cada una de las plantas.

Inspección de residencias

La tragedia sacó a la luz la irregular situación administrativa bajo la que operaba el centro de Santa Fe. El Ayuntamiento de Zaragoza le había denegado la licencia de actividad en 1998. Además, el Gobierno de Aragón le había retirado en septiembre de 2012 el permiso provisional de apertura favorable tres detectar sucesivas deficiencias de mantenimiento e higiénicosanitarias. Aún así, y pese a carecer de expediente de evacuación y extinción de incendios, la residencia seguía en funcionamiento de forma alegal.

El caso causó conmoción en la Comunidad y provocó que la Administración impulsase ese mismo mes un plan de inspección de residencias. Las inspecciones revelaron que 28 de las 275 residencias de mayores activas en Aragón carecían de licencia de apertura y que además cinco de ellas no habían pasado la inspección de la DGA. Otras doce que sí contaban con licencia tampoco cumplían las condiciones. El pasado mes de febrero, cuando terminó el plazo para acogerse al plan de regularización, ya habían cerrado siete residencias por iniciativa propia y había órdenes de clausura para otros dos centros. Este viernes, en vísperas del aniversario de la tragedia, la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales dará una rueda de prensa para informar sobre los avances realizados y la situación actual de las residencias que no cumplían los requisitos.