La empresa Brial ha dado un mes de plazo al Ayuntamiento de Zaragoza para negociar una posible permuta de suelos, que debe garantizar unos aprovechamientos residenciales equivalentes, de características económicas y de ubicación similares a los de Averly, antes de proceder al derribo de los inmuebles no catalogados.

Brial, actuales propietarios de la antigua fundición Averly, ha emitido un comunicado en el que expresa su satisfacción por el acuerdo del Consejo de la Gerencia de Urbanismo de conceder la licencia de derribo de los edificios no catalogados del complejo, que ha salido adelante con el voto a favor del PP y la abstención de Zaragoza en Común, PSOE, Ciudadanos y CHA.

Una decisión, señalan, con la que se cumple con la legalidad, al tratarse de un acto reglado al que el consistorio estaba obligado pero que, lamentan, llega "después de dos años y medio de demoras injustificadas".

Los propietarios mantienen que la mejor solución para la ciudad es la propuesta actual de preservar los edificios catalogados por el Gobierno autonómico, crear en ellos el Museo de la Industria de Aragón y desarrollar urbanísticamente el resto de terrenos no protegidos para la construcción de viviendas, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

No obstante, conocedores de la intención del equipo de Gobierno de buscar otras alternativas, Brial ha propuesto por escrito al Ayuntamiento de Zaragoza abrir un plazo de un mes durante el cual la empresa se compromete a no hacer uso de la licencia de derribo de los edificios no catalogados.

Sin embargo, advierten de que el ofrecimiento está condicionado a que se inicien "de inmediato" las conversaciones y a que en el transcurso de ese mes no se inicie ninguna acción tendente a obtener su anulación o suspensión.

Asimismo ofrece su disposición total, los siete días de la semana, durante ese mes para trabajar en la búsqueda de otra posible alternativa.

El abogado Jorge Español, experto en patrimonio cultural, además de instar a las partes al diálogo, ha advertido del riesgo de que en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anule "la parca y débil" catalogación y se declare Bien de Interés Cultural, en el caso de que se hubieran derribado los inmuebles los propietarios "podrían tener que hacer frente a importantísimas indemnizaciones" por la destrucción de un patrimonio cultural de "capital importancia".