Las dudas que suscita a los juristas del Ayuntamiento de Zaragoza la sentencia relativa a la adjudicación a Auzsa de la contrata del autobús urbano han obligado al Gobierno de Zaragoza en Común a solicitar una aclaración al juez del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que la ha emitido.

Así lo ha anunciado el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, tras analizar la sentencia con los servicios técnicos que, para tener una actitud más formada sobre las consecuencias de la sentencia, han valorado la necesidad de pedir una aclaración, que calcula que tardará tres días.

Una sentencia que anula las cláusulas del pliego de condiciones en la medida en que exige la presentación de cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores y la declaración del volumen global medio de los negocios y que no reconoce conforme a derecho la resolución del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón recurrida.

El TSJA advierte de que al aprobar una cláusula para la admisión de licitadores tan exigente, se está colocando al anterior concesionario en una posición "de ventaja" y contraria a la normativa, "algo que es precisamente opuesto a los principios de la contratación pública", señala.

Según Cubero, el consistorio tiene dudas acerca de si el contrato con la empresa queda anulado o no, si hay que volver a valorar a las empresas que querían optar al concurso, como la cooperativa de trabajadores, si el ayuntamiento está obligado a licitar un nuevo contrato o si existe la posibilidad de plantear un nuevo modelo de gestión como la municipalización.

El consejero ha reconocido que las consecuencias de esta sentencia pueden ser "graves y múltiples", ya que se trata de una adjudicación por 800 millones de euros en diez años, y ha adelantado que ya ha hablado tanto con la actual adjudicataria del servicio como con la cooperativa de los trabajadores.

Cubero ha señalado que en estos momentos "están abiertos todos los escenarios", por lo que hasta que no estén "acotados" no podrán tomar una decisión al respecto ni sobre un posible recurso ante el Tribunal Supremo.

En el caso de que el juez diga que el contrato queda anulado, el gobierno municipal sopesará las consecuencias económicas y, si se dan los términos, capacidad y condiciones de calidad, mantenimiento del empleo y ahorro, procederá a la municipalización del servicio.

El edil se ha mostrado dispuesto al consenso, si bien ha dicho que el problema es que "llueve sobre mojado" porque esta adjudicación "siempre ha estado en tela de juicio", al recordar los 153 despidos que se produjeron al asumir la nueva contrata, la reciente huelga de cuatro meses de duración o la recurrida decisión de pagar con dinero público los despidos.

"Son demasiadas dudas sobre el proceso y es necesario que se arroje luz", ha insistido.

Respecto a la carta remitida al alcalde, Pedro Santisteve, por el portavoz del PSOE, Carlos Pérez, en el que le insta a adoptar los acuerdos con celeridad y a recurrir en caso de perjuicio económico para la ciudad, Cubero ha subrayado que lo que tiene que explicar es "si el pliego de condiciones se ha hecho a medida de Auzsa", un hecho que ha calificado de grave.