El consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, se ha mostrado este miércoles sorprendido por "el nivel de cinismo" del grupo del PP por las críticas al equipo de Gobierno por el incumplimiento del plan de estabilidad presupuestaria.

Según Rivarés, "el nivel de cinismo del Grupo popular es tan alto como el número de casos aislados de corrupción que hay en su seno en toda España", y se pregunta cómo es posible que se alegre de esta situación cuando deriva del pago de sentencias pendientes "de hace muchos, muchos años", incluso de cuando la popular Luisa Fernanda Rudi era alcaldesa.

Así lo ha señalado a los medios durante la presentación de una obra de teatro preguntado por el último informe del interventor municipal, que sitúa el nivel de endeudamiento en el 121,3% y reconoce un incumplimiento de la regla de gasto en un 9%.

"El informe del interventor lo que dice es lo que desde febrero vengo diciendo como consejero mes tras mes", ha dicho Rivarés respecto a que tener que acogerse al fondo de impulso para poder pagar los 44 millones de euros de sentencias "iba a cambiar cualquier dato contable, plan de ajuste o financiero, porque era algo sobrevenido que había que asumir sí o sí".

En este sentido, ha explicado que de los 46 millones que dice el informe que el Ayuntamiento se ha gastado de más, 44 son del plan de impulso local, 22 correspondientes a intereses, 16 para pagar deudas pendientes de ejercicios anteriores (gas, agua, alumbrado público y transporte de barrios rurales) y otros 5 de Ecociudad que no estaban anotados contablemente.

El concejal ha señalado que la opción era o pagar a los proveedores y las sentencias o no hacerlo y cumplir el plan de ajuste, y optó por lo primero.

Una decisión que sitúa la deuda viva del Ayuntamiento en 851 millones, sin embargo, Rivarés ha informado de que "lo que no se dice" en el informe es que a 31 de diciembre de 2016 la deuda "se habrá bajado a 767 millones, por debajo de lo que prevé el plan de ajuste, sin recortar, aumentando el dinero para política social y asumiendo agujeros de ejercicios anteriores".

La situación obliga a hacer un plan económico financiero que deberá presentarse antes del 23 de junio y que comenzará a elaborarse cuando se conozca el resultado de la sentencia de FCC recurrida, qué pasa con los 9 millones a los que el Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento por las expropiaciones del tiro de Pichón y los 15 millones que hay que pagar a la antigua concesionaria del servicio de autobús urbano.

"Veremos cuál es la cifra que hay que asumir y cómo" y "cuando tengamos esas cuentas haremos un plan para asumirlo", ha sentenciado.