El PP pide el informe jurídico sobre las consecuencias de paralizar el expediente de derribo de Averly

La antigua factoría será derribada para levantar viviendas.

Pedro Navarro durante la rueda de prensa en la comisión de urbanismo.
El PP pide el informe jurídico sobre las consecuencias de paralizar el expediente de derribo de Averly
PP Zaragoza

El concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, ha anunciado que solicitará a la Asesoría Jurídica el informe sobre las consecuencias de no tramitar el expediente de derribo de las instalaciones de la antigua factoría Averly para levantar viviendas.


Pedro Navarro ha explicado que reclaman este informe para conocer "las consecuencias que puede acarrear al Ayuntamiento, a los técnicos y a los concejales la no tramitación de la licencia de derribo de Averly".


En rueda de prensa, Navarro ha expuesto la sorpresa de los populares porque el Gobierno de la ciudad de Zaragoza en Común (ZEC) haya solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que decrete unas medidas cautelares y que suspenda el procedimiento de concesión de la licencia de derribo de la antigua fundición Averly, "sin el correspondiente informe jurídico, que solicitamos el pasado 20 de enero".


Por ello, ha avanzado que los populares acudirán directamente a la Asesoría Jurídica para pedir el informe que en su día solicitó Urbanismo que se elaborara y ha estimado que "si el PP todavía no lo conoce quizá es porque no es del agrado de equipo de gobierno de ZEC".


En tono irónico ha apuntado que "no sabemos si estos funcionarios que han elaborado el informe tienen feeling con el equipo de gobierno"."No deja duda"

Por su parte, el consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha replicado que "no deja duda" el escrito de la Fiscalía General del Estado en el que se inhibe mientras se dilucida el pleito que debe decidir si se amplía la catalogación al conjunto de la fábrica.


En su escrito, la Fiscalía reconocía que era "una cuestión trascendente habida cuenta de que el derribo puede hacer imposible el cumplimiento de una eventual sentencia", y manifestaba que esta cuestión podría ponerse en conocimiento del TSJA que es el competente para adoptar esta medida cautelar.

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