Híjar, a favor de la expropiación de los pisos vacíos de la banca

El concejal del Ayuntamiento de Zaragoza defiende la necesidad de "herramientas para expropiar" los pisos vacíos de la banca.

Pablo Híjar, en una imagen de archivo
Pablo Híjar, durante una visita a la piscina de Delicias.
Ayto. Zaragoza

El concejal de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha defendido la necesidad de un cambio del marco legislativo estatal, que dé "herramientas para expropiar" los pisos vacíos de la banca que "han pagado" los ciudadanos con los rescates del sistema financiero.


Hijar se ha referido a este asunto durante un receso de la reunión técnica que ha mantenido, junto con representantes de Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con la directora general de la vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, para hablar del desarrollo legal necesario para afrontar la falta de vivienda.


El responsable de vivienda de la capital aragonesa, donde mayor es la demanda de pisos sociales, ha advertido de que se siguen produciendo desahucios y que, más allá de los desarrollos normativos a nivel de la comunidad, es "necesario e imperioso un cambio del marco legislativo estatal".


Es necesario, ha destacado a los medios, que la ley hipotecaria sea reformada, que la dación en pago sea reconocida por ley, no por un decreto de buenas prácticas voluntario, como es en la actualidad, y que se modifique la ley de arrendamientos urbanos.


En el debate abierto por ayuntamientos, administración autonómica y las plataformas, al Gobierno central "ni está ni se le espera", ha dicho Hijar, quien ha señalado que el consistorio de Zaragoza se ve "muy solo en su política presupuestaria" a nivel de vivienda.


Una falta de inversión que suplen las administraciones locales con presupuesto ordinario, pero esto "va a tener un límite", ha afirmado el concejal, quien ha reclamado "herramientas para expropiar" los pisos vacíos de los bancos y para eso "no queda otra" que un cambio de Gobierno el 26 de junio, ha indicado.


Sobre las reclamaciones de las plataformas para un futuro nuevo marco legal, ha señalado que piden unos supuestos lo más inclusivos posibles para los deudores de buena fe y que se reconozca una solución para las familias "ocupas" de viviendas sin contrato, además de medidas más ágiles por parte de las administraciones.


La directora general, tras precisar que han recibido más de 4.000 demandas de vivienda social, ha enmarcado la reunión en la necesidad de dar una respuesta a la falta de vivienda mediante una nueva ley aragonesa, cuyo articulado espera que esté terminado a finales de año y pueda ser debatido por la sociedad.


Actualmente, la dirección ha recibido información de 4.500 viviendas vacías (fruto de desahucios, con cargas hipotecarias o daciones en pago) propiedad de entidades financieras, Sareb o las inmobiliarias, pero no todas son habitables.


Según ha agregado, la administración autonómica ha reconocido ya más de un millar de unidades familiares con derecho a una vivienda social y unas 3.500 se están estudiando, mientras que otras 1.500 ya han sido rechazadas por no cumplir los requisitos.


"Hay muchísima demanda de vivienda de alquiler social", ha añadido Mayte Andreu, quien ha señalado que la bolsa que gestiona su departamento es de 307 pisos, ya ocupados por familias que han superado todos los supuestos.


No todas las viviendas de las que se podrían disponer tienen condiciones de habitabilidad, muchas ya están ocupadas y otras están en localidades donde no existe demanda de vivienda social, ha añadido la directora general, quien ha precisado que en "ningún caso se trata de una expropiación"


A las entidades bancarias, ha explicado, se les informa de qué unidades de convivencia van a ocupar el piso, el alquiler que pueden asumir y el tipo de contrato de alquiler y si fuera necesario por la alta demanda estarían obligadas a ceder las viviendas.

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