Santisteve dice que el nuevo impuesto del agua es un escarnio

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha dicho este miércoles que el nuevo impuesto de aguas que quiere imponer el Gobierno de Aragón en la ciudad "supone un escarnio" y atenta "gravísimamente" a la autonomía local de los municipios.

Representantes de Zaragoza en Común, encabezados por Santisteve, de Podemos y activistas de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del impuesto de contaminación de las aguas (ICA) en la capital aragonesa.

Cincuenta y dos diputados de los Grupos Parlamentarios de Podemos-En Común-En Marea y de Izquierda Unida-Unidad Popular han firmado este recurso que pretende paralizar un impuesto "injusto" que el Gobierno de Aragón quiere hacer recaer en los bolsillos de la ciudadanía, según sus promotores.

El recurso va contra varios apartados del artículo 5 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Aragón, modificatorios de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón y se basa en la vulneración del principio de autonomía local, de los principios rectores de la imposición medioambiental de las normas europeas, en especial los principios de recuperación de las inversiones y quien contamina paga.

La competencia de saneamiento, como la de abastecimiento de agua urbana, corresponde a los ayuntamientos y estas formaciones consideran que el gobierno autonómico invade esas competencias al imponer un impuesto que los habitantes de Zaragoza pagan desde hace más de 25 años.

Zaragoza depura sus aguas mediante dos estaciones cuyos costes totales, que ascienden a más de 323 millones de euros, han sido asumidas por los vecinos de la ciudad en solitario, por lo que consideran que hacer pagar dos veces por lo mismo es absolutamente injusto, según el alcalde.

Tras su presentación ante el Tribunal Constitucional y en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "las fuerzas del cambio, en asuntos que afectan a la igualdad de trato de los ciudadanos, saben unirse solidariamente".

Ha cifrado el coste del nuevo impuesto en 16 millones de euros para este año y 18 para 2017 y pretende "encubrir la mala gestión que se ha hecho" en la comunidad por gobiernos anteriores.

Santisteve ha indicado que supone un 60 % de sobrecoste a los zaragozanos y sin tener en cuenta sus circunstancias económicas.

A su juicio, "esos planes de privatización, que este miércoles son financieramente insostenibles, han traído un problema si no de corrupción, por lo menos de una pésima gestión".

Los recurrentes, "por la obligación de transparencia, de sanear las arcas públicas y de justicia distributiva" piensan "que hay razones más que suficientes para que el Tribunal constitucional pueda estimar esta demanda", ha agregado.

Maribel Torrecilla, portavoz de la RAPA, ha dicho que implementar el impuesto de contaminación de las aguas invade las competencias municipales de Zaragoza; provoca una doble imposición y crea agravios comparativos entre contribuyentes.

Eva Muñoz, de la misma organización en el ámbito rural, ha coincidido en que se vulnera la autonomía local y "400 núcleos de Aragón están siendo estafados" por pagar por un impuesto por el que no reciben ningún servicio.

El coordinador general de IU en Aragón, Adolfo Barrena, ha señalado que ha habido "ceguera" en el Gobierno de Aragón; que en este asunto "se viene trabajando desde hace tiempo" y rompe "la igualdad de trato" entre los ciudadanos, además de la autonomía municipal.

La dirigente de Podemos Carolina Bescansa ha dicho que este miércoles es un día importante para defender los derechos de los aragoneses: el derecho a unos recursos públicos no privatizados y "no teñidos por la gestión de la corrupción".

Pedro Arrojo, diputado de Podemos, ha considerado que el recurso puede generar un precedente a nivel estatal, ya que los procesos de privatización del agua no son de Aragón, "están en toda España".

"Aragón no solo defiende -ha concluido- los intereses y la autonomía municipal de los 400 pueblos de zonas rurales estafados por este plan de saneamiento, sino que abre brecha en el debate constitucional de la cuestión del agua a nivel de todo el Estado".