Una sentencia permite al Ayuntamiento convocar 209 plazas suspendidas

Cubero espera que no sea recurrida para que sea firme a principios de mayo.

Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza
Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza
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El Ayuntamiento de Zaragoza podrá convocar 209 plazas de empleo público que fueron suspendidas en 2006 tras un recurso presentado por la organización sindical STAZ, según ha anunciado el consejero de Servicios Públicos y Personal del consistorio, Alberto Cubero.


La convocatoria sería posible tras una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Zaragoza que, según Cubero, reconoce la posibilidad de recuperar esa oferta de empleo público por ser anterior a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público.


La sentencia, que el consejero espera que no sea recurrida para que sea firme a principios de mayo, es consecuencia de la iniciativa legal que impulsó el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) contra la convocatoria y las bases de la oposición de Técnico de Administración General.


La sentencia, ha resaltado Cubero en una nota, garantizará el acceso a la función pública de los aspirantes que han dedicado tiempo y esfuerzo a estudiar las oposiciones para diversas categorías laborales, desde técnicos de la administración a operarios, psicólogos o enfermeros de los Bomberos.


"Desde los primeros años de la crisis se han perdido del orden de 700 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, una merma de recursos humanos que se ha tratado de paliar con la buena voluntad de las y los trabajadores municipales, pero que es necesario resolver cuanto antes", ha argumentado.


Según ha explicado el ayuntamiento, la sentencia se basa en que el Estatuto Básico del Empleado Público (de 2007) hacía caducar las ofertas de empleo si no eran desarrolladas durante los tres años posteriores a su publicación, por lo que, al no ser retroactiva, no afectaría a la oferta de empleo público de 2006.


El sindicato también recurrió la oferta de empleo municipal de 2009, que contaba con 257 plazas, respecto a la cual la sentencia reconoce su caducidad al ser posterior a la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).


Para la organización sindical, la sentencia del juzgado "se aparta del criterio" seguido en anteriores fallos, incluso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, respecto de la caducidad de la oferta de empleo público 2006 y de la obligación de identificar las plazas, por lo que la analizará para decidir si la apela o no.


En su opinión, según detalla en una nota en su página web, sería deseable que se definan los criterios objetivos de forma clara y homogénea para todos los procesos y se garantice la seguridad jurídica y la igualdad de trato de los participantes.

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