ZEC planteará un recurso de inconstitucionalidad contra el ICA

Debido a la ley que regula la puesta en marcha del Impuesto de Contaminación de Aguas.

El Gobierno municipal de Zaragoza ha acordado este viernes elevar a pleno la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la ley que regula la puesta en marcha del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), contra cuya aplicación el Ayuntamiento ya ha presentado un contencioso.


Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno y consejero de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, en una rueda de prensa tras la reunión del Gobierno de la Ciudad, en la que ha informado de que jurídicamente es obligatorio someter a pleno esta decisión, que además requiere de mayoría absoluta en primera votación.


Rivarés ha explicado que ante el Constitucional lo que se recurre es la ley de Medidas Fiscales y Tributarias y en el contencioso-administrativo, ya presentado y admitido a trámite, la aplicación de la norma.


Con el debate plenario, que se celebrará el próximo día 21, lo que pretende el Gobierno, ha asegurado, es tener la manifestación pública de cada grupo y de cada concejal respecto a un impuesto con el que Zaragoza en Común cree que "se ha producido un conflicto en la autonomía municipal", además de ser "malo y negativo".


El responsable de las arcas municipales ha advertido además de que este impuesto "viola" el principio europeo de que "quien contamina paga", al recordar que Zaragoza depura sus aguas desde hace 25 años y "no tiene porqué pagar las contaminaciones ajenas" además de que "significaría pagar dos veces".


El consejero de Economía ha asegurado asimismo que no ha habido ninguna comunicación de la aplicación de este impuesto por parte del Gobierno de Aragón.


"El equipo de Gobierno municipal ha intentado desde el pasado mes de agosto negociar un acuerdo que beneficiara a todos y fuera lo menos gravoso para los vecinos y vecinas de la ciudad, que ya están pagando la depuración de sus aguas", ha indicado Rivarés, quien ha denunciado que al aprobar dicha ley, el pasado mes de enero, "se ha hurtado al Ayuntamiento la capacidad de negociación".


También ha reprochado que durante la pasada legislatura se pudo haber firmado un convenio que "ni quiso dialogarlo quien este viernes impone el impuesto", en alusión a Fernando Gimeno exconsejero municipal de Economía y Hacienda y actual consejero de Hacienda en el Gobierno de Aragón.


El Gobierno municipal calcula que el encarecimiento del recibo del agua con este impuesto sería "como mínimo" de un 32 % más para los hogares de dos personas y podría subir hasta un 130 % en los casos de una persona, un 21 % a los comercios y un 17 % para las industrias.


Otra consecuencia negativa, ha informado, es que tiene una cuota fija "muy alta", de unos 60 euros al año (5,095 euros/mes) aunque no se consuma, frente a la cuota fija del Ayuntamiento de 1,62 euros/mes, y no tiene progresividad ya que todos los metros cúbicos se pagan al mismo precio.


Según el Consistorio, la tarifa "rompe la política municipal de gestión de la demanda a través de las tarifas, que tan buenos resultados viene dando".


El equipo de Gobierno denuncia asimismo los problemas que implica a la hora de materializar las bonificaciones y exenciones sin crear agravios comparativos entre contribuyentes.


Según el Ayuntamiento, el Instituto Aragonés del Agua no tiene capacidad para resolver en un tiempo razonable el volumen de peticiones que recibirá si Zaragoza se incorpora al ICA, por lo que se desconoce qué pasará con esos sujetos pasivos mientras se resuelve su petición, además de la posibilidad de que el sujeto pasivo no coincida con el miembro del hogar que cumpla los requisitos de la bonificación o exención.


Fernando Rivarés espera obtener el apoyo del resto de los grupos en el pleno al recordarles que "su obligación" es defender los intereses de la ciudad.


El Gobierno municipal se ha preguntado asimismo "porqué esta obsesión y rapidez" del Ejecutivo autonómico por aplicar este impuesto y "si la única razón es recaudar para tapar los agujeros del plan de depuración de aguas del PAR en el Gobierno PSOE-PAR", cuya cuantía se desconoce.


Por su parte, en una rueda de prensa posterior, el portavoz del PP, Jorge Azcón, ha anunciado que su grupo ha pedido todos los estudios jurídicos sobre los que se ha basado el equipo de Gobierno para presentar un contencioso y saber "si hay razones jurídicas o solo políticas".


Para Azcón se trata de "un fracaso de diálogo de las dos instituciones" que refleja "la falta de diálogo entre el alcalde, Pedro Santisteve, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, que "no son capaces de sentarse en una mesa para resolver los intereses de la ciudadanía".

Comentarios
Debes estar registrado para poder visualizar los comentarios Regístrate gratis Iniciar sesión