La exalcaldesa de Caspe y los otros 4 acusados del caso La Herradura niegan que prevaricaran
Tras 10 años de pesquisas, ayer se inició el juicio en el que piden cárcel e inhabilitación para los encausados.
El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza comenzó ayer a juzgar el llamado caso La Herradura tras más de una década de instrucción. En el banquillo de los acusados se sentaron María Teresa Francín, alcaldesa socialista de Caspe entre 1999 y 2011; María Isabel García y Félix Cortés, exconcejales caspolinos que ejercieron como tenientes de alcalde durante varias legislaturas; Carlos Manuel Miret, que fue arquitecto municipal de 1985 a 1995 y de 2001 a 2004; e Isabel Arnal, quien ejerció como secretaria del Ayuntamiento de Caspe durante los mandatos de Francín.
Ayer, durante la primera sesión del juicio y como ya sucedió durante la instrucción del caso, todos los acusados declararon que desconocían que los terrenos de La Herradura tenían la condición de protegidos. Los cinco insistieron en que ignoraban la condición que el PGOU de Caspe, que califica a esta zona de la localidad como parajes "de alto valor cultural" y "de gran significación ambiental", otorgaba a la zona.
El caso
La Fiscalía considera que los encausados prevaricaron en la concesión de una licencia urbanística a una empresa para instalar una central hortofrutícola en los parajes conocidos como La Herradura, definidos como "suelo no urbanizable protegido" por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) caspolino, aprobado en 1987.
El Gobierno municipal que presidía Francín concedió la licencia a la empresa La Herradura de Caspe en julio de 2002 tras el informe favorable del arquitecto Carlos Manuel Miret. El fiscal destacó en el escrito de acusación que remitió al juzgado que la comisión de Gobierno que dio esta autorización atendió "las vinculaciones políticas directas" entre los ediles y los dueños de la empresa, entre los que figuraba Mariano Gómez Callao, exalcalde de la localidad, y Luis Ros, exconcejal.
Por estos hechos, el ministerio público considera que los cinco acusados son presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y solicita cada uno de ellos una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y una multa de 4.320 euros. Además, el ministerio público pide a la magistrada María del Pilar Alguacil, titular del Juzgado de lo Penal número 7, que se destruya la edificación ilegal y los acusados paguen de su bolsillo los costes de demolición.
La acusación particular, ejercida por el abogado Antoni Valls en nombre de la asociación cultural Compromiso por Caspe, que denunció la presunta concesión irregular de la licencia en 2008, aunque sólo acusa a la exalcaldesa Francín, el exarquitecto Miret y la exsecretaria Isabel Arnal, es más severa en su petición, y pide para cada uno de ellos una condena de dos años de prisión y 10 de inhabilitación por el delito de prevaricación urbanística. Esta acusación interesa igualmente el derribo de los edificios levantados sobre terrenos protegidos, cuyo coste cifra en alrededor de 355.100 euros.
Por su parte, la totalidad de las defensas interesan la libre absolución de sus representados, aludiendo que no cometieron ningún delito cuando en el verano de 2002 concedieron la licencia a la empresa hortofrutícula.
Sesiones hasta el jueves
El juicio contra la exalcaldesa de Caspe, los otros dos miembros de su corporación, el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento caspolino continuará hoy en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Durante la jornada de este martes está previsto que testifiquen varios testigos que las acusaciones consideran claves para el esclarecimiento de los hechos.
El miércoles declararán los peritos propuestos por las partes, mientras que las conclusiones finales se han reservado para la jornada del jueves, cuando el caso La Herradura quedará visto para sentencia, una década después de haber impuesto la querella criminal.
