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Tribunales

El exalcalde de Añón logra evitar, de momento, su ingreso en prisión

La Audiencia ha pedido a los juzgados de Tarazona que aclaren si la finca que el exregidor se quedó de forma ilegítima ha sido devuelta a su propietaria o si esta ha sido ha sido indemnizada. Si no es así, tanto él como su esposa deberán cumplir dos años de prisión por un delito de apropiación indebida.

 

El exalcalde Añón y su esposa, durante el juicio celebrado contra ellos en la Audiencia de Zaragoza.HA

Pedro Ramiro Abadía Pérez, exalcalde de la localidad zaragozana de Añón y actual consejero del PP en la comarca de Tarazona y el Moncayo, no entrará de momento en prisión. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial, al dejar en suspenso provisionalmente el requerimiento que le hizo a finales de julio para que pusiera fecha a su ingreso en el centro penitenciario de Zuera.

El regidor y su mujer, María Pilar Lasauca, fueron juzgados en 2015 por un delito de apropiación indebida del que se reconocieron autores. Al confesar los hechos, tanto Abadía como su esposa aceptaron una condena de dos años cárcel, que lograron que el tribunal suspendiera al comprometerse a restituir a sus legítimos propietarios la finca que se habían quedado ilegalmente.

Sin embargo, tres años después de aquella sentencia, la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza no tenía constancia de que hubieran cumplido con sus obligaciones, por lo que citó hace unos días al matrimonio para comunicarles que tendrían que ingresar en prisión. La defensa presentó entonces un recurso de súplica que los magistrados han atendido.

Según fuentes judiciales, el tribunal se ha dirigido al juzgado de Tarazona que instruyó el asunto para que aclare si la finca de la discordia sigue estando a nombre del exalcalde o aparece ya como propiedad de la perjudicada y denunciante. Al parecer, sobre el solar en cuestión se anotaron además varios embargos, de ahí que la Audiencia Provincial quiera saber también si la finca arrastra cargas.

Condenados por una permuta

La sentencia declaró probado que el acusado y su mujer, a través de sus sociedades Moncayo Sostenible SL y Zarañon SL, acordaron en 2009 con una vecina de Añón permutar un solar valorado en 80.000 euros por una vivienda en el edificio de nueva planta que el alcalde se comprometió a construir en el terreno. El acuerdo establecía la condición de que, pasados dos años sin haberse construido, la operación inmobiliaria quedaba anulada y el solar regresaba a su propietaria.

Transcurrido ese tiempo y sin que se hubiera construido nada en el terreno, su propietaria no pudo recuperarlo porque lo había traspasado ilegalmente a su sociedad Zarañón SL, en la que constaban como responsables Abadía y su mujer. En esa misma operación desapareció del contrato la condición de resolución que regulaba la permuta.

La sentencia, además de la pena de cárcel, obligaba al que fue alcalde de Añón entre 2011 y 2015 a anular los cambios que había hecho en la titularidad del solar para que este volviera a figurar como propiedad de la perjudicada.

Abadía fue juzgado de nuevo en febrero de 2018 por un hecho similar, pero tanto él como su socio en el negocio, José María N. S., fueron absueltos. La acusación la presentaron dos matrimonios de Añón que en 2006 cedieron unos terrenos en el pueblo bajo la promesa de recibir un par de apartamentos en una futura promoción inmobiliaria. La urbanización se levantó, pero las parejas no recibieron los pisos ni recuperaron su terreno. El tribunal los absolvió al considerar que no existió engaño.





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