Por segunda vez en dos días, Javier Moliner, alcalde de Trasmoz entre 2007 y 2014, tuvo que responder ante la Justicia por su gestión al frente del Ayuntamiento de la pequeña localidad de la comarca de Tarazona y el Moncayo. Si el pasado lunes el exedil admitía ante la Audiencia Provincial de Zaragoza haber malversado 4.235 euros que deberían haber servido para comprar una furgoneta para el municipio, este martes tuvo que dar explicaciones ante la titular del Penal número 5 de Zaragoza sobre el uso que hizo de los 4.140 euros que la comisión de fiestas de 2014 recaudó para las celebraciones de ese año.

El lunes, Javier Moliner reconoció haber transferido a su cuenta "por error" los 4.235 euros del vehículo que nunca se compró y aceptó una condena de seis meses de prisión y dos años de inhabilitación. Este martes, sin embargo, negó que se hubiese quedado con las aportaciones de los vecinos.

"Con ese dinero pagamos el vermú popular, la sangría, el anticipo de las orquestas y bastantes cosas más. Hubo otras para las que no llegó", declaró, y apuntó que esperaba parte del dinero de subvenciones de la DPZ y de Ibercaja. Explicó que todo lo tenía justificado con recibos, pero que como sus compañeros de partido y gobierno municipal (dos concejales más del PAR) le pusieron una moción de censura por el asunto de la furgoneta, la documentación se quedó en su despacho.

El fiscal, que solicita 18 meses de prisión por apropiación indebida, dudó de esta versión y aseguró que al Ayuntamiento le hubiera venido bien que todo estuviera pagado, pues se habría evitado las reclamaciones del agente de las orquestas o del grupo de jotas, que sumaron unos 13.000 euros.

Al juicio acudieron a declarar el actual alcalde, el que le sucedió tras la moción de censura y la secretaria-interventora, entre otros testigos. Esta última dijo que no encontraron ningún recibo en el despacho de alcaldía y que durante un año no supieron nada de Javier Moliner. "Se llevó las llaves y su despacho estaba cerrado a cal y canto. Lo abrimos cuando se celebraron las elecciones de mayo de 2015", recordó. Explicó a la juez que en 2014, por la situación económica, le pidieron al alcalde que no gastara más de lo recaudado. También que la subvención de la DPZ para cultura era de unos 10.000 euros y para "todo el año", especialmente para la feria de brujería.