Casetas y Torrecilla, las dos caras de los presupuestos participativos de los barrios rurales

No ha sido fácil alcanzar un acuerdo sobre el reparto del millón de euros contemplado en los presupuestos participativos de 2018 para los barrios rurales de Zaragoza. Los alcaldes celebraron un consejo territorial a finales de abril y “aunque siempre ante cuestiones como esta hay rifirrafes, se pudo llegar a una solución por el bien de todos los barrios”, cuenta el alcalde de Torrecilla de Valmadrid, Miguel Ángel Rabinal.

Esta localidad apenas supera los 20 habitantes. Es el barrio rural menos poblado de Zaragoza, pero el que ha obtenido mayor beneficio económico por habitante tras el reparto. Le corresponden 1.836 euros por vecino (44.075 euros es el presupuesto total asignado para el barrio), frente a los 20 euros con los que contará Casetas por cada uno de sus residentes (151.644 euros en total). “Haber conseguido esos 1.836 euros es una cifra muy importante para nosotros, porque de otro modo nunca obtendríamos esa cuantía”, precisa Rabinal.

Para el alcalde de Casetas, José Luis Román, “es normal que en los barrios pequeños la inversión por habitante sea bastante más que en los barrios grandes”. Casetas es el más poblado, con 7.403 vecinos, y en el barrio reconocen que “si el reparto de los presupuestos se hiciera por número de habitantes en Torrecilla nunca se podría hacer nada”. Román defiende el sentimiento de solidaridad que impera entre los barrios de las afueras de Zaragoza y recalca que “todos los alcaldes hemos tenido que estar a una para que no se perdiera ese millón de euros que tanto necesitamos, porque estamos faltos de inversiones”.

En Torrecilla la principal reivindicación de sus residentes es conseguir “suministro de agua potable por tubería”, indica su alcalde, pero “si no hay voluntad política no se va a poner en marcha y que se realice a través de los presupuestos participativos lo vemos complicado por su elevado coste”, añade. De este modo, en el barrio están trabajando para plantear otras propuestas, como la adecuación de una zona infantil y otra de mayores.

Rabinal explica que están pendientes de la valoración por parte de los técnicos municipales “para ver si lo que planteamos puede ser viable, pero todavía hay que abrir el proceso y los vecinos tienen que aportar sus ideas”. Además, esperan que otras de sus reivindicaciones “sean resueltas a través de convenios”, como el fijado con la DPZ para la construcción de un aula de usos múltiples para dar cobertura a todos los segmentos de la población del barrio. En caso de que se efectúe, los vecinos también de plantean emplear los presupuestos “para hacer obras acordes a ese edificio”.

En Casetas se van a proponer “proyectos históricos”, apunta Román, como arreglar el riego del parque del barrio. El alcalde considera que los 151.644 euros que les han sido asignados pueden ser pocos para proyectos de gran envergadura, pero que con ellos “se pueden sacar adelante otros más pequeños y también beneficiosos para el barrio”. Entre las propuestas se podrían incluir algunas que se cayeron de las inversiones de la DPZ, como la construcción de un carril bici que conecte con Utebo.

“También planteamos levantar un skate park o un edificio que albergue la Escuela de Música”, avanza Román. Para el alcalde, ha sido “fundamental” el acuerdo alcanzado en la reunión con sus homólogos, en el que se ha estableció que haya un mínimo de participación del 12,5% de los vecinos para que los proyectos elegidos sean vinculantes. La fijación de ese mínimo era la reivindicación principal de los alcaldes de barrio, ya que temían que si no se establecía podría existir el riesgo de que colectivos "organizados y poco representativos", matiza Román, impusieran propuestas que les beneficiaran en detrimento de reivindicaciones históricas de los barrios.

Las juntas vecinales presentarán un listado de demandas históricas, que podrán votarse por parte de los vecinos, y estos a su vez también podrán plantear sus propuestas. A partir del 8 de julio se iniciarán las fases de redacción de proyectos y memorias necesarias para su ejecución, y las obras elegidas en cada barrio rural deberán estar licitadas el 15 de diciembre y ejecutadas con la fecha límite del 30 de marzo de 2019, si los mecanismos de contratación pública lo permiten.