La Diputación de Zaragoza ha trasladado este viernes en el cuarto foro de alcaldes dos nuevos proyectos: el de escritorios virtuales (una plataforma informática que garantiza la seguridad) y el archivo electrónico único provincial (una gran base de datos para todas las administraciones locales). En esta cita, que reunió a más de 350 responsables locales y secretarios municipales en la Residencia Escolar Pignatelli, el presidente de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha señalado que ambas herramientas, que reforzarán el plan de innovación tecnológica, "ayudarán a implantar el esquema nacional de seguridad y el reglamento de protección de datos que impone la Unión Europea y que posiblemente la semana que viene se pondrá en marcha".

La DPZ organiza este encuentro anual para "intercambiar ideas, opiniones y proyectos con todos los alcaldes de la provincia". En la jornada se ha abordado el reglamento general de protección de datos y la ley de contratos: "Son cuestiones que afectan a los municipios y que por su tamaño reducido no pueden llevar a cabo". En este sentido, puso de manifiesto que los ayuntamientos "generan muchos documentos que se firman y no hay un sitio donde almacenarlos".

Sánchez Quero ha recordado también que en el foro que se celebró el año pasado se presentó Ecoprovincia y, durante este tiempo, se ha ido trabajando para poder licitar en 2018 dos de las seis plantas de transferencia para recoger los residuos generados en los pueblos, que luego la DPZ se encargará de trasladar hasta el centro de tratamiento de Zaragoza (Ctruz). "En breve se firmará el convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza", adelantó.

Proyecto piloto

Javier Candau, jefe de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional –un organismo anexionado al Centro Nacional de Inteligencia–, informó a los asistentes de la implantación del esquema nacional de seguridad y del reglamento de protección de datos. Respecto a estos retos destacó que se ha puesto en marcha un proyecto piloto con cinco ayuntamientos aragoneses (Utebo, Jaca, Alcañiz y dos por confirmar) con los que se trabajará para "establecer normas para asegurar el nivel de seguridad e ir cumpliendo lo que establece la nueva regulación de la Unión Europea".

"Hemos elegido Aragón –dijo– porque tenemos muy buena interlocución con diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes pero no llegamos tanto a municipios más pequeños". En su opinión, estos "necesitan mucha ayuda para implantar los requisitos de seguridad que se exigen en la normativa".