Polémica por la clausura de un centro de 'crossfit' en Utebo

Los promotores de un centro de ‘crossfit’ (sistema de entrenamiento de alta intensidad) en Utebo han iniciado una movilización para conseguir que se levante el precinto impuesto por el Ayuntamiento a este negocio, instalado en un polígono industrial de la localidad zaragozana. Para ello, están recogiendo firmas en la plataforma Change.org. Las rúbricas que reúnan se enviarán a distintos partidos políticos y a diferentes instituciones, como el Ministerio del Interior.

El Consistorio argumenta su decisión en que la actividad del negocio no se ajustaba a lo presentado en la solicitud. De esta manera, ordenó, mediante decreto, el cese definitivo "por ser incompatible con el planeamiento urbanístico y para restablecer la legalidad con carácter inmediato".

Luis González, uno de los socios, explicó que el local abrió sus puertas en julio del año pasado. Su abogado, Javier Lasheras, mencionó que presentaron una comunicación de actividad, sujeta a inspección, en la que se incluía que el negocio se dedicaba al comercio al por menor de suplementos alimenticios y prendas y material deportivo. Ese documento se acompañó, dijo, de un proyecto técnico en el que constaba la práctica deportiva. La inversión, tal y como adelantó González, fue de 80.000 euros.

Desde el Ayuntamiento de Utebo informaron de que la declaración responsable "se presentó en el Ayuntamiento tras la apertura por este de un expediente administrativo al constatarse, por los servicios técnicos, que había actividad en la nave. Dicha declaración no recogía como objeto real de la actividad de esta entidad ni la práctica del deporte ni la actividad de gimnasio".

"Nunca se pidió licencia para el desarrollo de dicha actividad -dijo el alcalde, Miguel Dalmau- y en consecuencia nunca se otorgó". Según destacan los promotores, la "primera de las muchas notificaciones" que recibieron para proceder a su cierre se basaba en "supuestos registros que la Policía Local de Utebo había efectuado al centro", pero "no cuadraban en horas y fechas y con acusaciones que resultaban de lo más inverosímiles".

Los emprendedores decidieron acudir a los tribunales y presentaron un recurso contencioso-administrativo. Solicitaron el levantamiento del cierre cautelar, que denegó el juez.