Marisol Aured, alcaldesa de La Muela (PP) entre 2011 y 2015, negó ayer que hubiera perjudicado económicamente a su Ayuntamiento a través del contrato de recogida de basuras. Todo lo contrario, afirmó que logró un acuerdo ventajoso para el consistorio al conseguir una quita de más de 300.000 euros sobre la deuda de 1,1 millones que el municipio tenía con la empresa Seula por impago de facturas. Esta morosidad era fruto de la situación "caótica" –como describió la acusada– que había en el Ayuntamiento tras desatarse la Operación Molinos, que llevó a la detención en 2009 de la entonces alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), y varios miembros de su equipo, a raíz de la declaración de dos testigos protegidos, uno de ellos, la propia Marisol Aured.

Junto a esta se sentó en el banquillo de los acusados el gerente de Seula, Luis Miguel Bolea. Los dos se enfrentan a penas de entre dos y cuatro años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal.

La exalcaldesa explicó al tribunal de la Audiencia Provincial que cuando llegó a la alcaldía la empresa Seula había interpuesto un contencioso por impago de facturas de los años 2009, 2010 y 2011 y reclamaba más de 1,1 millones. Según el exconcejal de servicios públicos Héctor Carrera, ese juicio estaba perdido, puesto que el Ayuntamiento no había aportado información alguna. Este edil dijo que descubrió que las facturas no cuadraban y lo comunicó a intervención y al secretario.

En estas circunstancias, lo más importante para Aured –señaló– era "aminorar la deuda". "Dadas las condiciones caóticas del Ayuntamiento y dado que esto se hacía en beneficio de todos, se logró un acuerdo para bajar la deuda de 1,1 millones a 735.000", manifestó. El pacto suponía actualizar el IPC y el IVA, algo que no se había hecho desde 2005, cuando se adjudicó la contrata. Negó que se modificaran las frecuencias -"esto se hizo en 2008"– o el traslado de vertedero de Épila a Calatayud (se acordó en 2010).

"Establecimos que se iba a pagar un fijo y no por toneladas, ya que en Épila no había báscula; se aceptó reponer los contenedores nuevos y permutar un camión por deuda (8.000 euros)", relató. La exedil se cuidó mucho en utilizar durante su declaración el verbo "modificar" para referirse al acuerdo. El matiz semántico es importante, puesto que un cambio de las condiciones del pliego hubiera requerido obligatoriamente que fuera aprobado por el pleno, según la ley de contratos. El secretario del Ayuntamiento, Luis Ruiz Martínez (condenado en la Operación Molinos por negociaciones prohibidas a una multa), dijo que advirtió "verbalmente" a Aured de que el acuerdo podía no ajustarse a la legalidad, algo que no puso por escrito.