El caso Averly llega a su fin en los juzgados. El Tribunal Supremo ha dado el carpetazo definitivo a la lucha emprendida por la asociación en defensa del patrimonio Apudepa, que solicitaba un grado mayor de protección para la vieja fundición. El Alto Tribunal, en una providencia dictada la semana pasada, ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación que preparó esta asociación, a la que además condena a pagar las costas procesales que ascienden a 4.500 euros. En su pronunciamiento, el Supremo dice que "no se ha fundamentado suficientemente que concurra alguno de los supuestos" para admitir ese recurso de casación.

El conflicto nace cuando, en 2013, el Gobierno de Aragón (con el PP al frente), declara el 32% de Averly como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. Esta catalogación afectaba a la portada principal del paseo de María Agustín, al acceso a la fábrica, la vivienda de los antiguos dueños y su jardín, al edificio de oficinas, el taller de ajuste, el salto de agua para la generación de potencia mecánica, la red interna de transporte por vagonetas... Sin embargo, no se protegía el resto de la fundición, unas naves auxiliares que, hace casi un año, acabaron siendo derribadas, ya que hay que tener en cuenta que la empresa Brial tenía derecho a construir en esta parcela.

Apudepa pedía la protección integral de Averly, por considerarlo "un conjunto extraordinariamente bien conservado que presenta un alto grado de integridad y autenticidad". Por ello, a comienzos de 2014 presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) solicitando que se le diera una protección integral.

De manera cautelar, en un primer momento se acordó paralizar cualquier posible derribo para evitar daños irreversibles, pero exigió un aval de un millón de euros a Apudepa que la asociación no pudo aportar. Pese a ello, en mayo de 2014 el Consistorio (con gobierno socialista) paralizó el derribo cuando las máquinas estaban preparadas por prudencia, al recibir in extremis un escrito de la Fiscalía.

El Supremo ratificó la caución de un millón de euros para que Apudepa pudiera mantener las cautelares, por lo que el Ayuntamiento quedó en la obligación de dar el permiso de demolición. El gobierno de ZEC llegó a entablar negociaciones con Brial para ofrecer otros suelos a cambio de los de Averly, pero fracasó en este intento, por lo que no pudo evitar el derribo de la parte no catalogada de la fundición –a pesar de que aún faltaba la sentencia sobre si la catalogación de la DGA fue o no la correcta–.

El TSJA se pronunció sobre este asunto en diciembre del año pasado, rechazando el recurso de Apudepa por considerar "insuficientes" los informes periciales que presentó la asociación para justificar su pretensión. Apudepa recurrió al Supremo la decisión, y el Alto Tribunal se pronunció la semana pasada rechazándolo otra vez y cerrando definitivamente el procedimiento judicial. Con el derribo ya ejecutado, una hipotética sentencia favorable a Apudepa hubiera tenido difícil aplicación, puesto que las naves que se pretendían proteger ya no existen.

Pendientes de las licencias

La constructora Brial sigue a la espera de culminar la tramitación de los permisos para poder construir. El plan especial se aprobó inicialmente, pero falta el definitivo. Más adelante será necesario tramitar el plan de urbanización y la licencia de obras. La empresa espera poder comenzar a levantar sus edificios a lo largo del año que viene. En total, y a la espera del proyecto definitivo, ha proyectado entre 180 y 200 viviendas.