Detienen al representante de una empresa arrocera de las Cinco Villas por un presunto delito de estafa

El detenido 'vendió', supuestamente, la misma producción de arroz a dos empresas distintas.

Campo de arroz.
Campo de arroz.
Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido este jueves al representante de una empresa arrocera de la Comarca de las Cinco Villas por un presunto delito de estafa. El detenido cerró un contrato de compra de 730 toneladas de arroz con una empresa de Valencia que pagó un adelanto de más de 100.000 euros por los gastos de siembra y producción. Pero la mercancía no llegó a su destino ya que el detenido había realizado un segundo contrato con otra empresa distinta a la que vendió la misma producción.

En mayo, el responsable de una empresa arrocera afincada en Valencia interpuso una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros por un presunto delito de estafa.

El denunciante comunicó a los agentes que en enero de 2016 realizó un contrato de compra de producción de 730 toneladas de arroz con el representante de una empresa arrocera de la Comarca de las Cinco Villas.  Tras cerrar dicho contrato, la víctima realizó un adelanto del pago de la mercancía de 104.000 euros en concepto de gastos de siembra y producción. Al no recibir el producto, el perjudicado intentó ponerse en contacto en reiteradas ocasiones con el representante aragonés, pero no lo consiguió.

Durante la investigación, los agentes determinaron que el representante de la empresa de la Comarca de las Cinco Villas, cuando cerró el contrato con la arrocera de Valencia, realizó a su vez un segundo contrato con otra empresa ubicada en Tarragona, ofertando la misma cantidad de producto. Es decir, que por la venta de la misma mercancía había llevado a cabo dos contratos diferentes por los que habría obtenido beneficios económicos de ambas sociedades pero sólo una de ellas llegó a adquirir el producto.

La cantidad estafada a la empresa valenciana, entre el dinero en efectivo que entregó como adelanto y los daños ocasionados por el incumplimiento del contrato, ascendería a 214.000 euros.

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