El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, presentó hace menos de dos meses la Operación Baldosa como un hito de la historia de la democracia y ha acabado en nuevo fiasco de la gestión del gobierno municipal de Zaragoza en Común. En su comparecencia del pasado 24 de marzo, Pablo Muñoz destacó que se trataba del contrato "más importante para la economía social en toda España": 4,5 millones para adecentar las aceras durante dos años y que, según sus cálculos, llegaría a generar 120 empleos.

La licitación era toda una bandera política, mucho más allá del afán que siempre repite, el de dedicarse al "urbanismo de las pequeñas cosas": suponía un experimento "revolucionario", ya que "nunca" se había impulsado un contrato restringido a empresas de inserción social por semejante cuantía. Con lo que no contaba es con que el Tribunal de Contratos echara abajo la convocatoria por vulnerar las normas europea y española en materia de contratación.

Pablo Muñoz sostuvo que la tramitación jurídica había sido "tortuosa, difícil y complicada", pero no ocultaba su satisfacción por lo que suponía meterse "en un sector complicado como es el de la construcción", para, dijo, quitarle "un trozo de mercado" y dárselo a la economía social. El problema es que los pliegos y el propio procedimiento vulneran, a juicio del citado tribunal, la libre competencia porque la contratación pública "no puede introducir controles indebidos en la gestión legítima de los intereses empresariales".