La concejal delegada de Policía Local, Elena Giner, tendrá que dar explicaciones sobre el rastro ilegal que se instala cada sábado en el parquin sur de la Expo. El PSOE, según adelantó ayer su portavoz adjunto, Roberto Fernández, ha solicitado su comparecencia. Quieren que aclare por qué retiró a la Unidad de Apoyo Policial Operativo (UAPO) y por qué ha quitado competencias a la Unidad de Protección Ambiental y Consumo (UPAC). El edil acusó a ZEC de rozar la prevaricación, ya que la mayor parte de las mil multas que se imponen allí cada año "no se tramitan".

La formación solicitará a la Policía Local una relación de todas las sanciones aplicadas desde que gobierna ZEC, así como todos los expedientes que han generado. "Veremos a qué límite se ha llegado", aseguró. Como adelantó Heraldo.es, más de un centenar de vendedores ilegales, entre los que se incluyen vendedores ilegales, gente sin recursos y delincuentes, peregrinan cada fin de semana hasta el parquin sur para instalar sus puestos sin permiso. Allí pueden comprarse juguetes, ropa, calzado, libros, recambios...

Son fenómenos que, según Fernández, "deberían cortarse o gestionarse de otra manera". "Parece una ciudad sin ley, hay que regularizar la situación", añadió.

Los socialistas creen que el mercadillo ilegal no solo perjudica a aquellos comerciantes que abonan sus tasas, sino que, además, "no hay un control sobre la calidad y la seguridad de los productos que se ponen a la venta". Esto hace que se genere una "tensión manifiesta" entre los vendedores acreditados y los que operan al margen de la normativa.

Fernández denunció "un crecimiento injustificado de la violencia por falta de custodia policial", aspecto que han denunciado varios sindicatos del Ayuntamiento, que han cuestionado la dudosa procedencia de ciertos productos y la falta de efectivos policiales. Cabe señalar que diciembre de 2015 un vendedor ambulante hirió a otro en el tórax con un arma blanca, herida que a punto estuvo de costarle la vida.

Un plan de choque

La venta ilegal es motivo de preocupación. Consciente de que el problema es de índole social, el concejal reivindicó "un plan de choque". En su opinión, el gobierno tiene recursos humanos y económicos para resolver el problema. "Se ha engendrado una situación de indefinición y reclamo, de falso mercadillo. Hay más ilegalidades que legalidades", apuntó.

La formación instó a las diferentes áreas implicadas a tomar cartas en el asunto "de inmediato" en todo aquello que competa al Ayuntamiento y a fijar unos criterios claros que permitan que la Policía Local "se vea desasistida en su labor". Sobre todo porque, según Fernández, la decisión de ZEC de impedir la presencia de la UAPO en el entorno "está creando un caldo de cultivo muy pernicioso".

Alertó, en este sentido, de que, aunque el mercadillo se levanta al llegar la UPAC, los infractores, que tienden a plantar sus puestos un día antes (aparecen sobre las 19.00 del sábado), ya han realizado previamente sus transacciones. Aunque Giner tendrá que dar explicaciones ante el resto de grupos, el gobierno prefirió ayer no hacer ningún comentario al respecto. Aclaró, en todo caso, que se están preparando varias iniciativas y que se avanzarán cuando llegue el momento.