La colaboración policial contra los talleres ilegales consigue 141 denuncias y 12 cierres

La mesa de trabajo contra los talleres ilegales en Zaragoza, creada el pasado mes de abril, comienza a dar sus frutos. Desde entonces se han llevado a cabo 277 inspecciones, que se han traducido en 141 denuncias, 35 regularizaciones y 12 clausuras de negocios, según los datos proporcionados por la asociación Atarvez, principal impulsor de la lucha contra este tipo de economía sumergida en la provincia.

La última reunión tuvo lugar la semana pasada y contó con la participación de representantes de la Delegación del Gobierno, DGA, Guardia Civil, Policía Local y Nacional, Inspección de Trabajo y la propia Atarvez. Su presidente, Armando Royo, dice estar “muy satisfecho” con el trabajo realizado ya que “se están obteniendo resultados”.

La creación de esta comisión surge del creciente problema de los establecimientos ilegales en la provincia, donde se calcula que en los últimos años se han multiplicado por diez -pasando de 30 a 300-, mientras 114 talleres legales se han visto obligados a cerrar por la crisis.

Un indicador para sospechar del incremento de locales al margen de la ley son las ventas de recambios. Según la Encuesta Anual del Comercio del Instituto Nacional de Estadística (INE) el volumen de negocio de los proveedores de material para vehículos ha crecido en 300 millones de euros, mientras cerraban 3.500 talleres en todo el país entre 2010 y 2014.

Sin embargo, hasta ahora las diferentes administraciones y cuerpos policiales actuaban sin coordinación, ya que las inspecciones buscan irregularidades sobre licencias municipales, gestión de residuos, contratos laborales o permisos de actividad industrial entre otros, dependientes de diferentes organismos.

(Reunión de la mesa de trabajo contra los talleres ilegales de Zaragoza)

Además, la incorporación a la lucha contra los talleres ilegales de la Policía Local de Zaragoza -a través de la Unidad de Barrios Rurales- ha permitido aumentar la presión sobre estos establecimientos, muchos de ellos ubicados en la periferia de la capital aragonesa, incluso en garajes privados, chalés o fincas.

De ahí que desde Atarvez resalten la importancia de las denuncias anónimas de los usuarios y vecinos -que se han duplicado en el último año-, e incluso de profesionales relacionados con la actividad, como los peritos de las aseguradoras, o los conductores de grúa, que ya han dado la voz de alerta en varios casos sospechosos.

En este sentido, Armando Royo señala que se han mantenido reuniones con la patronal del seguro Unespa. “Ahora contamos con un listado de personas de contacto de las aseguradoras, pero nos gustaría ir más allá y, por ejemplo, obligar a incluir el número de registro industrial en los datos de facturación”, explica.