La Audiencia cierra el caso de La Muela con condenas que suman casi 100 años de cárcel

"El proceso de corrupción urbanística que durante más de una década afectó al Ayuntamiento de La Muela tuvo como antecedente previo la constitución por parte de la acusada y alcaldesa María Victoria Pinilla de la denominada Sociedad Urbanística de La Muela (...)". Con esta rotunda aseveración comienza el relato de hechos probados de la sentencia de la AudienciaProvincial de Zaragoza y da la clave del origen del que ha sido, hasta ahora, el mayor caso de corrupción de la historia de Aragón: las sociedades urbanísticas creadas como instrumentos para enriquecimientos personales ilícitos. Así es a juicio del tribunal que durante tres meses juzgó a los 43 acusados y que se ha saldado con condenas que suman 97 años y medio de prisión y millonarias multas para 32 de ellos y la absolución de los 11 restantes.

En concreto, la principal acusada ha sido condenada a 17 años de prisión por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación, contra la Hacienda Pública y fraude de subvenciones, así como a 48 de inhabilitación por cinco delitos de prevaricación.

La sentencia de la Sección Primera parte del hecho de que, una vez constituida la Sociedad Urbanística de La Muela S. L., Pinilla suscribió cuatro contratos con la mercantil Aranade S. L., del empresario y acusado Julián de Miguel, el cual comenzó a gestionar y promocionar inmuebles en la localidad y el polígono Centrovía. Estos contratos proporcionaron a De Miguel una serie de beneficios y este –en agradecimiento a "favores prestados" y "prebendas concedidas", dice el fallo–, entregó a María Victoria Pinilla y a su exmarido Juan Antonio Embarba 2.895.308 euros. O, lo que es lo mismo, 480 millones de pesetas, pues comenzó a pagarles en 1998, cuando aún no había euros. Como administrador de Aranade, De Miguel abonó además 885.308 euros por unas naves que iba a comprar Pinilla a sus hijos. Estas cantidades las entregó a modo de regalos tanto en especies (viajes, coches, gastos del picadero y caballos de la finca de la familia Embarba Pinilla en La Muela) como en metálico.

Patrimonio familiar

"Con tales ganancias ilícitas provenientes de los cohechos en los que la alcaldesa incurría", dice el fallo, el matrimonio Pinilla adquirió un chalé unifamiliar en Sotogrande por más de medio millón de euros, una mansión en la República Dominicana por cerca de 300.000, una casa en San Roque y dos en la Línea de la Concepción (Cádiz), tres apartamentos en Manilva, un piso en Madrid, y varios locales, aparcamientos y fincas rústicas en La Muela. Los ‘regalos’ les permitieron comprarse distintos coches por importe de 177.362 euros, reformas en sus respectivas viviendas y viajes alrededor del mundo.

El dinero comenzó a fluir hacia la familia Pinilla también de parte de otros constructores, como los hermanos Fernández Delgado, de la empresa Brocover, que aspiraba a hacer una gran operación inmobiliaria. El reconocimiento de los hechos que hicieron durante el juicio acusados como el exmarido de Pinilla, sus hijos Antonio, Jorge y Víctor, De Miguel o los hermanos Fernández Delgado han permitido al tribunal armar las condenas de la exalcaldesa y de otros encausados que rechazaron llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Parte del dinero obtenido ilícitamente lo blanquearon en Cajalón a través de ingresos fraccionados. Alberto Lozano, que dirigió la oficina hasta que se destapó la operación Molinos en 2009, ha sido condenado a ocho años de prisión y al pago de una multa de 420.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia. El tribunal considera probado que admitió ingresos fraccionados de 3.000 en 3.000 euros, facilitando que los Pinilla eludieran el control del Banco de España. Un ejemplo: el 29 de junio de 2006, metieron 53.000 euros en 18 ingresos sucesivos. Su letrado, Enrique Esteban, se mostró disconforme con el fallo y recordó que el tribunal no ve ninguna irregularidad en otro ingreso que se hizo en septiembre de 2004 en la central de Cajalón de Zaragoza de cuatro mil billetes de 500 euros (dos millones), ya que sus responsables dijeron que esas operaciones eran algo "normal".

Exconcejales y funcionarios

María Victoria Pinilla no estuvo sola en la gestión del Ayuntamiento de La Muela durante los 24 años que estuvo al frente de la alcaldía. Concejales, como Fernando Barba (condenado a 6 años y 9 meses de cárcel) o Juan Carlos Rodrigo Vela (cinco años de cárcel y 20 de inhabilitación) o funcionarios como el secretario Luis Ruiz Martínez (16 meses de multa) han caído con ella, bien por beneficiarse de su cargo o por facilitar obras calificadas de ilegales, como el caso del secretario.

El arquitecto municipal Francisco Núñez Castillo tampoco ha salido bien parado. El tribunal le condena a tres años y medio de cárcel por un delito de falsedad, al entender elaboró un "acta de delineaciones" de un terreno con intención de engañar a la comisión de urbanismo de la DGA para que esta diera luz verde a la sexta fase de urbanización del polígono de Centrovía. Su abogado, Javier Hernández, manifestó ayer que no es cierto que el documento sea falso y que recurrirá la sentencia.

Después de María Victoria Pinilla, una de las condenas más duras ha sido la Antonio Fando García, administrador de la empresa NTA, encargada de la gestión de las aguas de La Muela. El tribunal le impone 10 años de prisión por cohecho continuado, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Considera probado que Fando falsificó facturas y simuló obras para cobrar indebidamente 398.000 euros en subvenciones del Instituto Aragonés del Agua (IAA), organismo al que deberá indemnizar con 432.000 euros, conjunta y solidariamente con Pinilla, Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo.

Los acusados condenados por delitos fiscales deberán indemnizar a Hacienda con 12 millones de euros y pagar multas por más de 44 millones.