El próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la explosión que arrasó las instalaciones de Pirotecnia Zaragozana en Garrapinillos, segando la vida de seis de sus trabajadores y causando graves lesiones a otros tantos. El grupo francés Etienne Lacroix, actual propietario de esta histórica empresa aragonesa, ha decidido aprovechar el primer aniversario de la tragedia para honrar a los fallecidos y reafirmar su compromiso con Zaragoza. Por ello, además de celebrar un funeral en la iglesia de San Felipe (11.00), la firma dará a conocer este miércoles el proyecto que le permitirá reiniciar su actividad en la ciudad el próximo 2017.

Sin embargo, la decisión de hacer coincidir la triste efeméride con la celebración que conlleva el anuncio de una nueva planta no ha sido bien recibida por algunas de las familias de las víctimas, que adelantan que no tienen intención de acudir a ninguno de los actos convocados. "¿Cómo pueden anunciar la apertura de una nueva fábrica cuando todavía no saben ni por qué saltó por los aires la anterior? ¿Cómo pueden garantizar que no volverá a pasar los mismo?", son algunas de las preguntas que dejan en el aire. Pero la plantilla que sobrevivió a aquella mortal ola de calor tiene sentimientos encontrados, porque si bien no ha podido olvidar a los ausentes, cuenta con ansia los días que restan para poder volver a trabajar.

"Esto no es una cuestión de dinero, sino de dignidad y responsabilidad", explica el abogado Javier Hernández, quien junto a Ricardo Pina y M.ª Jesús del Río representa a varios familiares de los fallecidos. "Y tiene que quedar claro que no estamos hablando de dinero porque las aseguradoras ya han pagado las indemnizaciones que correspondían y nosotros las hemos aceptado. Es decir, la cuestión civil ya está zanjada. Por lo que estamos peleando ahora es por la responsabilidad penal", indica.

Basándose en los informes elaborados por el Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil (Gedex) y el Laboratorio Oficial Madariaga (Universidad Politécnica de Madrid), la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, María José Bello, decidió dar por cerrado el caso el pasado mes de marzo. Sorprendidas por la premura de la resolución, apenas seis meses después del fatídico suceso, las familias recurrieron el auto. Pero la magistrada volvió a mostrarse categórica: "De todas las diligencias practicadas y que se centran en los extensos y pormenorizados informes obrantes en las actuaciones se desprende que no ha podido concretarse la causa del accidente".

La decisión se sabrá en breve

La pelota está ahora sobre el tejado de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante la que está recurrido el sobreseimiento de las actuaciones. "Solo porque estamos hablando de seis vidas humanas no entendemos las prisas", manifiesta el letrado Ricardo Pina. "Lo que le pedimos a la juez y le solicitamos ahora a la Audiencia es que los testigos que declararon ante la Guardia Civil lo hagan también en sede judicial. La primera vez que fueron interrogados aún estaban bajo el ‘shock’ de la explosión, pero ahora pueden recordar todo mucho mejor", comenta el abogado.

Los técnicos que redactaron los informes periciales tampoco comparecieron en el juzgado, algo que los representantes legales de los afectados consideran "imprescindible" para poder pedirles alguna aclaración. Es por ello que han propuesto también a los magistrados de la Audiencia Provincial que autoricen su citación. Si, como esperan, el caso se reabre, las víctimas están dispuestas a buscar expertos que intenten explicar una tragedia que todavía no se atreven a calificar de accidente. Porque, para ellos, hay todavía muchas incógnitas por despejar. La decisión de la Audiencia de Zaragoza podría conocerse dentro de unos días. Y en ella han puesto las víctimas todas sus esperanzas.