El fiscal reduce a cinco el número de investigados por el caso de La Herradura de Caspe

A la exalcaldesa Francín, dos exediles, el arquitecto y la secretaria se les acusa de un delito de prevaricación urbanístico.

El fiscal reduce a cinco el número de acusados por el caso de La Herradura de Caspe. A la exalcaldesa Teresa Francín (PSOE), dos tenientes de alcalde de la misma corporación (Félix Cortés y María Isabel García), el entonces arquitecto y la secretaria se les imputa un delito de prevaricación urbanístico porque fueron ellos quien concedieron la licencia para las obras de la central hortofrutícola en suelo no urbanizable.


La investigación arrancó hace más de seis años y desde entonces han sido exonerados numerosos investigados, como los cinco exaltos cargos del departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Urbanismo del Gobierno de Aragón, otros exconcejales que no estuvieron en la comisión en la que se tomó la decisión, los ingenieros que redactaron los proyectos y los administradores de la empresa. La juez de Instrucción del Juzgado de Caspe llegó a imputar a 13 personas por este asunto.


La Asociación Compromiso por Caspe, como acusación particular, sostiene que hay tráfico de influencias, delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente y ha remitido varios recursos para que se vuelva a incluir a algunos de los investigados inicialmente. "Llevamos más de cinco años de investigación para llegar a este absurdo", decían desde la Asociación Compromiso por Caspe. Estos calificaron de "ridícula" la sanción de 10.000 euros que se impuso al entonces consejero de agricultura, Modesto Lobón, tras detectarse el rotulado ilegal de unas cien hectáreas de suelo especialmente protegido.


El fiscal exonera ahora a Mariano Gómez Callao, exalcalde socialista de Caspe, responsable y administrador de la finca de La Herradura, que ha sido vendida. El ministerio público considera que no puede estimarse el delito de tráfico de influencias que se imputaba a Gómez Callao ni a Francín, García, Arnal y Miret, ya que, detalla en el auto, "no se concibe otra relación entre los imputados que el de haber coincidido en el tiempo... relación que (en el caso de los miembros de la comisión de Gobierno) se completa con la afiliación a un mismo partido político... no existiendo... indicio alguno de que esta resolución fuera dictada en base a las presiones o influencias en cadena que se denuncian". Respecto a los otros delitos por los que inicialmente se les acusaba se considera que han prescrito.

La denuncia que originó todo

Los hechos se investigan a raíz de una denuncia y una querella de Compromiso por Caspe y se produjeron entre 1999 y 2010. El plan urbanístico clasificaba ese paraje como suelo no urbanizable especialmente protegido, pero la empresa La Herradura Caspe S.L., de la que ha sido administrador desde su creación Gómez Callao, construyó allí hasta nueve edificaciones ilegales de las que solo dos tienen licencia urbanística.


En una primera fase, las diligencias se centraron en esas obras y en su supuesta tramitación irregular. En marzo de 2013, un informe solicitado por la juez al Seprona desveló que la empresa había transformado en regadío casi el doble de superficie de la que le fue autorizada por la DGA y que esta se había llevado a cabo sin ninguna evaluación de impacto ambiental y afectando a una Zona de Especial Protección (ZEPA).


Después de casi cinco años de investigación, el pasado julio la juez dio por finalizada la fase de instrucción. En su auto consideraba que no existía ningún indicio de que durante la tramitación de las obras ilegales realizadas en La Herradura hubiera habido tráfico de influencias o cohecho. También descartaba los delitos contra el medio ambiente.


Los recursos de apelación de la acusación particular se han trasladado ahora a la Audiencia Provincial, que será la que decida si mantiene el número de imputados de la Fiscalía o tiene en consideración la petición de que aumente el número, algo que pide la Asociación Compromiso por Caspe.

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