Los directivos de Cajalón no tuvieron sospechas ni conocimiento de que hubiera blanqueo de dinero en algunas de las operaciones e ingresos fraccionados que la familia de la excaldesa de La Muela María Victoria Pinilla realizó en la oficina de la entidad financiera en este municipio zaragozano.

Cinco directivos de Cajalón (ahora Bantierra) lo han ratificado en la sesión de hoy del juicio que se celebra, ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, por una presunta trama de corrupción urbanística en la que están acusados 40 personas, entre ellas la exalcaldesa, sus hijos y su exmarido.

Uno de los procesados es el que fuera director de Cajalón en la localidad, Alberto Lozano, para quien el fiscal pide dos años de cárcel por blanqueo de dinero, un asunto sobre el que el ministerio público ha interrogado a estos cinco directivos de la caja, entre ellos María del Carmen Bartolomé, secretaria general entre 2004 y 2008.

Esta ha señalado que no tuvo conocimiento desde su cargo de ninguna operación "en negro" por parte de la familia Pinilla, mientras que el abogado de la caja Pascual Lafuente ha afirmado que desde los servicios jurídicos no sospecharon de operaciones de blanqueo de dinero.

De estas operaciones tuvieron conocimiento, según ha reconocido, cuando la Agencia Tributaria les pidió documentación a raíz de la investigación policial sobre la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio de La Muela.

Entre otras, la retirada en ventanilla de la sede de la caja en Zaragoza de dos millones de euros en billetes de 500 euros, una operación de la que informaron al Banco de España al investigarlo la Agencia Tributaria.

Luis García Domingo, ya jubilado, que fue responsable del control de blanqueo de capitales en la entidad financiera ha dicho que no recordaba ninguna denuncia ni ningún indicio de blanqueo de dinero en la oficina de La Muela.

Dos de los subdirectores de esta oficina, Antonio Javier Peinado y Concepción Ordovás, han declarado también en el juicio que no tuvieron sospechas, aunque a veces se admitían ingresos sin firma o fraccionados, un hecho no habitual, han reconocido.

Durante la jornada han declarado también otros siete testigos, uno de ellos Emilio Lobera, de la agencia Viajes Sauco, que, según la fiscalía, facturó 200.000 euros a la familia Pinilla entre 2004 y 2008 y otras cantidades al ayuntamiento, que llegaron a suponer el 50 por ciento de la facturación total de la empresa.

La sesión ha comenzado con un nuevo abogado para la exalcaldesa, el letrado Santiago Palazón, quien en su primera intervención ha comunicado a la sala que Pinilla, quien renunció a declarar el primer día del juicio al sentirse "indefensa", tiene el "deseo" de hacerlo ahora.

El presidente del tribunal, Javier Cantero, ha cerrado el asunto diciendo que el turno de declaraciones "ha terminado", una decisión que en declaraciones a Efe la exalcaldesa ha resumido así: "No me dejan declarar. Por lo demás (estoy) muy bien".

Palazón ha sido designado abogado de la exalcaldesa después de que ésta pidiera un letrado de oficio mediante un escrito dirigido a la Audiencia Provincial, que aceptó finalmente pero se negó a suspender el juicio, como llegó incluso a pedir el ministerio público.

Con esta decisión ha abandonado la defensa el abogado José Antonio Visús, quien ha asistido a la exalcaldesa en el juicio hasta ahora aunque había renunciado por discrepancias con Pinilla el pasado 12 de enero, cuando empezaron las declaraciones de los procesados.

Para Pinilla, la principal acusada en este proceso y la única que se ha negado a declarar, la fiscalía pide 37 años de cárcel y 26,6 millones de euros en multas e indemnizaciones por los delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, malversación, blanqueo de capitales y exacciones ilegales.