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MUNICIPIOS

Yésero recurre el fallo que le obliga a dar de baja a 42 vecinos y alega "indefensión"

Además del conflicto del municipio oscense, el Ayuntamiento turolense de Fuentes Claras ya ha borrado en los últimos meses a varias decenas de empadronados.

El Ayuntamiento de Yésero ha recurrido la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Huesca que ordenaba dar de baja del padrón municipal a 42 vecinos, casi la mitad de los 79 habitantes que figuran. El fallo estimó que no constaban pruebas de su residencia real y efectiva en la localidad. El consistorio ha alegado "indefensión" ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), tras hacerse pública esta sentencia el pasado 11 de julio.

La alcaldesa de este municipio del Alto Gállego, María Jesús Acín, que se encuentra entre los afectados, ha calificado esta sentencia como "errónea": "Pensábamos que el tribunal de lo contencioso nos pediría más pruebas. Solo han testificado 10 de las 42 personas que aparecían en la lista. Esperábamos que no se conformaran solo con esto, pero no ha sido así y la sentencia ha salido rápidamente. Por eso decimos que no se nos ha permitido defendernos".

Además de este argumento, el Ayuntamiento de Yésero ha presentado certificados y documentos "que muestran que la sentencia no es conforme a lo que nosotros esperábamos". "No nos han pedido pruebas y en cambio dicen que procede la baja de la mayoría porque no se han presentado algunos documentos, como los consumos del agua o la tarjeta sanitaria", comentó ayer Acín. En este sentido matizó que en Yésero "hay contadores de agua, pero de momento el gasto no se contabiliza. Y la tarjeta sanitaria tampoco se puede deducir como prueba, porque los españoles tenemos la libertad de elegir médico de atención primaria".

También se han remitido certificados de nacimiento y matrimonio, porque muchos datos son erróneos. La munícipe cita el caso de una madre y un hijo, que en vez de aparecer como tal, constan como marido y mujer. "Lo primero que aparece en la sentencia es que yo me tengo que dar de baja, sin embargo para ser alcaldesa no tengo la obligación ni de residir ni de estar empadronada en el pueblo", añadió Acín.

Otros casos significativos

No se trata, ni mucho menos, de un caso aislado. El Ayuntamiento turolense de Fuentes Claras ha dado de baja en los últimos meses a varias decenas de empadronados que no residen efectivamente en la localidad, de solo 650 censados. El alcalde, Joaquín Sánchez, explicó que el Consistorio abre un expediente cuando sospecha que alguien que figura en el padrón no vive en el municipio y, tras constatar que no reside desde hace al menos seis meses, puede proceder a tramitar su baja de oficio.

Entre los empadronados depurados figuran empleados de varias compañías de transportes. Desde hace dos años, estas empresas disponen de una sede en la localidad -en un centro de empresas promovido por un industrial local-, con el fin de tramitar en Teruel los permisos de residencia para sus conductores extranjeros con más celeridad que en las provincias donde tienen sus sedes centrales.

En 2007, esta práctica comportó el empadronamiento de un centenar de chóferes, principalmente de países del este de Europa. La mayoría de ellos, tras recibir un curso de riesgos laborales y regularizar su situación se incorporaban a sus empresas y desaparecían del pueblo.

Joaquín Sánchez afirmó "no estar dispuesto" a tener empadronados en el pueblo a personas no residentes. El alcalde señaló que la población inmigrante es muy "inestable" en su lugar de residencia, lo que obliga a la actualización periódica del padrón.

La situación del pueblo oscense de Olvena también hizo correr ríos de tinta. La presidenta de la Asociación de Vecinos de la localidad que promovió la denuncia, Charo Rami, resumió que al final se dieron de baja "unos pocos vecinos". El actual alcalde, Enrique Crespo, se muestra partidario de actualizar el padrón si es necesario.

Los litigios también llegaron a otros municipios como los zaragozanos de Nuévalos y Anento. Los primeros ediles de ambos consistorios coinciden en que en estos momentos la situación está "tranquila". y que en su día se remitió la documentación que requirió el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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