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ACCIDENTE EN TURQUÍA

Yak-42: cinco años de lucha judicial sin encontrar responsables

Las familias han recibido solo reveses, aunque la situación parece que empieza a cambiar.

Cinco años han pasado ya desde que se produjera la mayor tragedia, en tiempo de paz, de la historia del ejército español. Sesenta y dos militares y los trece miembros de una tripulación formada por doce ciudadanos ucranianos y un bielorruso murieron al estrellarse en Turquía el avión en el que regresaban a casa, tras haber cumplido una misión de paz en Afganistán.

Durante todo este tiempo, las familias aún no han conseguido que los tribunales reconozcan que los militares fueron transportados en un avión inseguro e ilegal, que nunca debería haber despegado. Tampoco han logrado, todavía, que se sienten en el banquillo los responsables militares que fueron a Turquía para identificar los cadáveres de las 62 víctimas, erraron con 30 de ellas y entregaron a las familias ataúdes con cuerpos equivocados.

Hasta ahora las familias han ganado batallas, pero no la guerra que mantienen por conseguir la "verdad" y la "justicia", que es lo que persiguen desde el principio y no se cansan de repetir. A lo largo de este último año, han recibido una de cal y otra de arena, aunque las últimas decisiones judiciales parecen moverse a su favor.

Como toda catástrofe que se precie, delimitar las responsabilidades es harto difícil. En este caso, las familias tienen abiertas dos vías judiciales, una penal, para exigir cárcel por las irregularidades en la contratación del avión y por el error en las identificaciones de los cadáveres, y otra civil, para reclamar indemnizaciones.

En principio, vieron atendidas sus peticiones en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Zaragoza. Su titular, Ángel Dolado, tramitó la demanda contra la empresa contratista del vuelo Chapman Freeborn, la aerolínea ucraniana UM Air y la compañía aseguradora Busin Joint, celebró un juicio y dictó sentencia. En ella, por primera vez, se reconocía que las empresas actuaron con "negligencia", y que el vuelo del Yak-42 fue "ilegal". El magistrado cifró las indemnizaciones en 10 millones de euros, muy por debajo de los 61 que reclamaban las familias. Este fue el motivo de que recurrieran el fallo, algo que también hicieron las empresas, aunque por causas bien distintas.

Casi dos años después, la Sección IV de lo Civil de la Audiencia Provincial de Zaragoza daba un varapalo al proceso y ordenaba repetirlo de nuevo porque consideraba que no se había citado debidamente a Chapman Freeborn, empresa que siempre ha hecho lo posible para que se anulara el proceso y eludir su comparecencia.

El golpe no quedó ahí. En marzo, la misma sección de las Audiencia de Zaragoza apartaba del caso al juez Ángel Dolado, por considerar que se pueden plantear "dudas sobre su imparcialidad", como pidió en su recurso Chapman. En estos momentos, es la juez de Primera Instancia número 1 la que está encargada del caso. Ahora la nueva jueza ha fijado para el 30 de julio de 2008, la audiencia previa al juicio oral. Ese día, las familias deberán decir si aceptan la propuesta de la compañía UM Air de aceptar como definitiva la indemnización de 1.200.000 dólares (776.197 euros) procedentes del seguro del avión.

La Audiencia Nacional

El otro frente abierto por las familias está en Madrid, en la Audiencia Nacional. Hasta hace escasos meses, de sus juzgados, concretamente del Central de Instrucción número 3, y de sus titulares, primero Teresa Palacios y después Fernando Grande-Marlaska, no recibieron más que negativas. Lo mismo pasó con los fiscales, Blanca Rodríguez y Fernando Burgos. Ninguno de los dos veía en un principio delito en las actuaciones de los responsables del Ministerio de Defensa y de militares de alta graduación. Ni en la contratación del avión para trasladar a las tropas -ahora se ha sabido que no inspeccionaron ni uno- ni tampoco en identificar a una persona por otra y asegurar, por escrito, que en un ataúd estaba quien no estaba.

La actitud de ambos varió con el cambio de color del Gobierno y la elección del nuevo fiscal general del Estado, en 2004. En cuanto a los magistrados, ha tenido que ser la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que ordenara en repetidas ocasiones al juez Grande Marlaska que reabriera las causas y continuara investigando.

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